Fomento impulsa una ley que protegerá al PGO ante futuras impugnaciones en los tribunales

El Ministerio de Fomento ultima un anteproyecto de ley para permitir que las administraciones territoriales puedan modificar planes urbanísticos y territoriales que hayan sido cuestionados por los tribunales de justicia, y evitar así que, en determinados supuestos, una sentencia judicial tumbe estos planes definitivamente, como sucedió en Gijón con los de 2005 y 2011.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, conoce en carne propia lo que es la anulación de un plan. El Supremo tumbó el plan general de Santander que se redactó durante su gestión al frente del Ayuntamiento cántabro. Un plan que fue anulado por un defecto de forma durante la tramitación, que pese a su subsanación, no impidió una redacción y tramitación completa como ha pasado en dos ocasiones con la normativa urbanística de Gijón. Por ese motivo, De la Serna ha decidido intervenir y legislar para que la paralización total de los planes de urbanismo por parte de los jueces, que actualmente conlleva años de preparación y aprobaciones, pase a la historia. En el caso de Gijón, el equipo redactor dirigido por Emilio Ariznavarreta lleva dedicado a revisar el PGO desde 2014.

Lo que busca esta ley es precisamente poder subsanar los errores en un plan sin que todo el documento, y las acciones que derivan de él, queden inutilizadas, como ha ocurrido en Gijón, Llanes, Santander, Laredo, Vigo, Marbella, Cartagena, Boadilla del Monte y así hasta medio centenar de localidades que se han visto abocadas a la paralización total de sus planes de urbanismo y a retrotraerse a normas obsoletas (en Gijón está en vigor el Plan Rañada de 1999).

La nueva normativa, que se encuentra en fase muy avanzada y pronto será puesta en común con el resto de grupos parlamentarios, pretende distinguir entre supuestos de nulidad y los de anulabilidad. En este segundo caso sería posible la convalidación y retroacción de actuaciones para la subsanación del defecto determinante de la anulación. Así se evitaría la nulidad absoluta y la imposibilidad de subsanación de los planes territoriales y urbanísticos.

Esta medida evita el fenómeno de la nulidad en cascada y se acompaña con otras medidas de carácter procesal, que introducen algunas modificacione concretas para evitar consecuencias anulatorias desproporcionadas, según sostiene Fomento. De esta forma se podrán 'salvar' del planaeamiento desarrollos urbanísticos, las licencias de obras o los instrumentos de gestión de los proyectos en caso de que el plan sea cuestionado en los tribunales.

Los planes del ministro se conocieron a finales del pasado mes de abril durante su comparecencia ante la Comisión de Fomento del Congreso, adonde acudió para informar del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y del desarrollo del sector civil de los drones.

Según explicó De la Serna, la anulación de los planes generales territoriales y urbanísticos en España «se declara sin matices y sin posibilidad de subsanación de las deficiencias», que han causado esta anulación.

«La anulidad absoluta e imposibilidad de subsanación no debería aplicarse sin más a las anulaciones formales, que son resoluciones administrativas, o a vicios formales», apostilló el ministro, explicando que la modificación que prepara el Gobierno permite «distinguir entre los supuestos de nulidad y de anulabilidad».

Estos supuestos permitirán la convalidación del plan una vez se corrijan las deficiencias detectadas por la Justicia, para lo cual el Gobierno modificará la naturaleza de los instrumentos de ordenación y los efectos que tiene su anulación en la Ley del Suelo, así como la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa «para evitar consecuencias anulatorias desproporcionadas».

El ministro señaló que la iniciativa da respuesta a una reforma normativa «que vienen demandando las comunidades autónomas», por supuesto el sector promotor, así como «magistrados conscientes del problema que supone» esta realidad. Y frente a las medidas parciales y provisionales que algunas autonomías han aprobado con el objetivo de aportar cierta seguridad jurídica, De la Serna defiende que el Estado puede dar una respuesta completa y no provisional a este problema mediante el uso de sus competencias. En este sentido, expresó ante los grupos políticos la voluntad del Gobierno -el proyecto de ley es una iniciativa conjunta de Fomento y Justicia- de «intentar consensuar un documento» que pueda ser tramitado en el Congreso y debatido en la Conferencia Sectorial de Vivienda antes del verano.