Foro y PP piden al gobierno local que «asuma la derrota» y no recurra

Para el portavoz municipal de Foro, Jesús Martínez Salvador, la nulidad de la Ordenanza de Movilidad deja en evidencia a PSOE e IU «y su forma de gobierno sectaria», pero también a su juicio a los «colaboradores necesarios» para que esta normativa viera la luz, en referencia a Podemos-Equo y C's. A su compañero Pelayo Barcia se le llegó a quebrar la voz de emoción al recordar la lucha persona en cada comisión y pleno para poder llegar a este resultado. Este último edil pidió al equipo de gobierno que desde hoy cualquier vehículo «sea cual sea su tipología» pueda volver a aparcar en zona ORA, igual que ocurría con anterioridad a esta normativa.

El presidente del PP de Gijón, Pablo González, acompañado de su secretaria general, Cristina Villanueva, interpretó el contundente pronunciamiento del TSJA como «un buen tirón de orejas a un estilo de gobernar a espaldas de los gijoneses durante estos cuatro años que ha roto la ciudad al no respetar los resortes democráticos, obligando a los ciudadanos a tener que defenderse en los tribunales». «Deben pedir perdón», reclamó.

«La sentencia se basa en un fallo por defectos formales y no por cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente», reivindicó Laura Tuero, portavoz de Podemos-Equo Xixón. La concejala recordó que «todas las normativas internacionales indican el camino para lograr ciudades saludables». Sin embargo, «tanto Foro como PP basaron sus informes en la insuficiencia de informes económicos», recriminó Tuero, quien puntualizó que todas las medidas de la derecha «van encaminadas a destruir la ciudad y no aportan nada nuevo».

Por el contrario, el portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, mostró su respeto a la decisión judicial emitida por el TSJA e indicó que «en la sentencia queda claro el problema de la falta de la memoria económica de la Ordenanza». Además, «deja clara la falta de concreción de costes de las medidas a aplicar». Lejos de recurrirla, lo que a su juicio debería hacer el equipo de gobierno municipal es «sentarse a hablar con todos los grupos municipales y buscar un consenso para corregir los defectos de la actual Ordenanza».

Desde la Casa del Pueblo del PSOE el mensaje ayer fue que no habrá valoración de las sentencias que tumban la Ordenanza de Movilidad hasta que den las explicaciones oportunas la alcaldesa y el edil de Movilidad sobre la hoja de ruta a seguir.

El portavoz de Vox, Eladio de la Concha, opinó que «el actual gobierno municipal ha vuelto a quedar en evidencia frente a una ciudadanía maltratada por su sectarismo ideológico y harta de medidas extremas que le complican y encarecen su vida diaria».

Para Manuel Cañete, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV), no deja de ser curioso «que sea una sentencia en una línea parecida a lo que fue la de Madrid Central, donde la movilidad es hoy más prohibitiva que en la época de Carmena». Si bien considera que los fallos del TSJA tienen una «repercusión enorme» por el momento en el que estamos, su primera impresión es que «no estamos acertando con las empresas que llevan esto». «Esta judicialización continua es una parálisis, además de un desembolso económico», apuntó Cañete, quien advierte que «hay que pensar si las empresas que hacen estos documentos son serias y solventes». Más allá de que las medidas sean populares o impopulares, señaló que «la Ordenanza de Movilidad es fruto de un consenso político». Asimismo, recordó que la etiqueta ambiental «no es una medida que nos estemos inventando aquí, tarde o temprano se va a imponer».