El gobierno local fija para diciembre la aprobación definitiva del documento

El gobierno local con independencia de los planes legislativos del Ministerio de Fomento prevé llegar al final del camino de la revisión del PGO en curso antes de que concluya el año. El equipo redactor, en coordinación con los técnicos municipales de Urbanismo, trabaja para que la aprobación definitiva por el Pleno se produzca en diciembre. Como muy tarde sería en enero de 2019, para evitar que un asunto de consenso político, como es la necesidad de devolver la seguridad jurídica al urbanismo gijonés, se contamine con el arranque de la precampaña de las próximas elecciones municipales y autonómicas.

El segundo periodo de información pública del PGO se cerró con 1.187 alegaciones que deben sumarse a los 1.497 escritos que se presentaron en el primer proceso informativo del documento llevado a cabo en 2016. No obstante, hay un elevado índice de repetición de los asuntos, con abundancia de peticiones de propietarios de fincas para entrar en núcleos rurales. El Ayuntamiento presiona al equipo redactor para que tenga lista la contestación personalizada de todas las alegaciones antes del verano. La previsión con la que se trabaja desde el área de Urbanismo es someter a la votación del Pleno el informe de alegaciones a la mayor brevedad posible. No obstante, la fecha aún no está cerrada y eso podría ocurrir en junio, julio e incluso a principios de agosto como fecha límite. A partir de ahí el documento nuevamente retocado y pulido con las alegaciones admitidas se remitirá al Principado, que tendrá cuatro meses para emitir su informe.

Según ha podido saber EL COMERCIO, Foro, que ya conseguido en dos ocasiones el respaldo de cinco grupos al documento urbanístico que se está acabando de perfilar, hará un último esfuerzo para incorporar propuestas de la oposición, incluidas las del PSOE. De esta forma, se pretende ampliar aún más el consenso conseguido hasta ahora e intentar un acuerdo final unánime.

Los socialistas han alegado, entre otras cosas, para evitar la transformación de zonas de suelo industrial de Porceyo y La Calzada en grandes áreas comerciales, retirar la ficha por la que se añaden parte de los terrenos de la finca Bauer al urbanizable del Infanzón, y eliminar la limitación de mil metros cuadrados establecida para poder construir en las parcelas de núcleos rurales.