El perito de Stop Muro, en la vista por el 'cascayu': «En una actuación provisional no se arrancan los semáforos»

«En una actuación provisional no se arrancan los semáforos». Así defendió esta mañana el doctor ingeniero de caminos, canales y puertos Francisco José González, perito de parte de Stop Muro, que la obra del 'cascayu' no tenía carácter provisional. Lo hizo en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón, que lleva el recurso interpuesto por la plataforma contra la peatonalización del paseo marítimo para tratar de restituir el doble sentido de circulación en Rufo García Rendueles.

Según explicó el abogado de Stop Muro, Héctor Díaz Castañeda, la prueba pericial iba encaminada a «acreditar que la actuación no tuvo el carácter provisional con la excusa del cual se decidió a actuar. Me atrevería a decir que no tuvo ni carácter de urgencia». Para tratar de argumentar esta postura, preguntó al perito de parte si consideraba la obra completa o parcial, a lo que este respondió que se trataba de una obra «completa en todos sus extremos». El ingeniero aseguró que según el proyecto la obra tiene un plazo de amortización contable de 34 años, si bien «una obra civil puede durar muchos más años, el doble prácticamente».

Para argumentar el supuesto carácter definitivo de la obra, aludió a las «demoliciones de elementos existentes anteriormente, que no se han tapado sino demolido. Además, se han añadido elementos que no son fáciles de eliminar, como papeleras, mobiliario urbano y señalizaciones». Insistió especialmente el experto en los semáforos: «Se han desmontado toda la red semafórica. En el proyecto figuran 40 unidades y eso no es reversible; habría que volver a generarlo desde cero». Preguntado acerca de si el coste de revertir la actuación sería superior a lo que costó hacerla -cerca de 250.000 euros-, el perito de parte afirmó que sí, porque «habría que reconstruir todos los elementos».

También se le consultó si a su juicio las obras realizadas eran las mínimas imprescindibles. El ingeniero puso el ejemplo de otras ciudades en las que durante la desescalada «se habilitaron calles peatonales de forma temporal pero con señalización propia de un evento y reversible» y, preguntado acerca de si consideraba necesaria la ampliación para garantizar la distancia mínima de seguridad, alegó que el paseo del Muro tiene un ancho de 15 metros pero hay dos zonas en las que se forma cierto embudo. Una de estas zonas más angostas, la del Piles, con 4 metros, «no se ha tocado».

«La mayoría de los elementos son móviles», dice la abogada del Ayuntamiento

La abogada que representaba al Ayuntamiento de Gijón, por su parte, dedicó sus preguntas a tratar de demostrar que los elementos instalados tenían carácter provisional, para lo cual insistió en consultar al experto si las jardineras y maceteros, las avispas del carril bici «que van atornilladas» o los bolardos son bienes inmuebles, ante lo cual el ingeniero aseguró que depende de su anclaje al suelo. «La mayoría de los elementos son móviles ya que están atornillados. ¿No podrían moverse de forma sencilla?», preguntó la letrada. «No. Los semáforos se han demolido y se ha fresado la señalización horizontal», respondió el experto, que también aseguró que «se han cortado árboles». «El proyecto en ningún punto pone 'provisional y en una actuación provisional no se arrancan los semáforos'», remarcó. El procedimiento continuará con el trámite escrito de conclusiones y posteriormente la jueza dictará sentencia.

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