De ser rescatada de una patera a verse obligada a prostituirse

Tres personas serán juzgadas en la Sección Octava de la Audiencia Provincial el próximo día 17 acusadas de obligar a prostituirse a una inmigrante ilegal procedente de Nigeria y que había sido rescatada de una patera en el mar Mediterráneo. Están consideradas autoras de un delito de trata de seres humanos, proxenetismo y coacciones.

La fiscalía pide 12 años de prisión y multa de 6.480 euros para dos de los procesados y respecto al delito de coacciones, una condena de un año de cárcel para cada uno de los tres. También interesa que se les imponga la medida de libertad vigilada durante un periodo de diez años.

El ministerio público mantiene que la víctima, testigo protegida, a principios del 2015, fue captada en Nigeria, su país de origen, por una mujer que no ha sido identificada, supuestamente hermana de una de las procesadas. «Le ofreció a ella y a su familia la posibilidad de viajar a Europa para tener una vida mejor, previo pago de 35.000 euros, además de que le tramitarían el pasaporte», explica la actuación.

Como garantía del pago de la deuda, «realizaron el viaje hasta Libia donde permaneció unos ocho o nueve meses. Allí fue obligada a prostituirse para tiempo después viajar a Italia a bordo de una embarcación». Los viajeros de dicha lancha fue rescatados en el mar Mediterráneo por la tripulación de un barco militar para a continuación trasladarlos a un centro de inmigración. «La víctima fue filiada y, tras pasar una noche allí, se fue del centro y llamó a su madre, quien le facilitó los datos de la persona con quien tenía que contactar, tal y como le había informado la mujer que la había captado en Nigeria», apuntan.

En Roma, y a través de su contacto, entró en comunicación con los otros dos procesados y viajó hasta Gijón con una documentación falsa. Llegó el 23 de febrero de 2016 y se instaló, presuntamente, en un piso con la constante vigilancia de los ahora enjuiciados. «Estaban de acuerdo en lucrarse con los ingresos que consiguiera la testigo protegida, que, para solventar su deuda, debía pagarles 400 euros semanales, así como abonar 200 euros por la habitación, 40 euros por la comida y parte de la factura de la luz», añade la fiscalía.

Ejercía la prostitución en la calle «a diario desde las 22.30 horas hasta las 6 horas, controlada en todo momento por dos de los procesados y sometida a amenazas y golpes si no pagaba lo adeudado».

La víctima, tras un tiempo en esta situación, «sin saber cómo salir de ella dado que se encontraba indocumentada, sin conocer el idioma, en situación de ilegalidad en España, le confesó lo que le ocurría a un hombre con el que llegó a trabar amistad, quien le ofreció irse a su casa a vivir para ayudarla». Cuando la mujer que la controlaba se enteró de sus intenciones, le exigió el pago de 20.000 euros con el compromiso de tramitarle el pasaporte. El hombre pidió un préstamo para abonarle por adelantando 10.000 euros, con la intención de devolver el resto cuando le entregasen la documentación, que le llegó «caducada e incompleta» .

Además de la pena de cárcel, la fiscalía, en concepto de responsabilidad civil, pide que dos de los procesados, como responsables civiles directos, indemnicen a la testigo protegida con 35.000 euros por daños morales, y a su amigo con 11.700 euros por el dinero entregado y los daños morales.