La Policía pide pistolas eléctricas para no disparar en casos como el de Nuevo Gijón

La estadística sitúa a Gijón como una de las ciudades con más intervenciones policiales con enfermos psiquiátricos. «No hay día en el que no se acuda a un ingreso forzoso o una situación de emergencia. Tenemos muchos servicios con pacientes psiquiátricos que pueden desembocar en intervenciones muy complicadas como la de Nuevo Gijón», dice Ildefonso Rodríguez del Río, secretario general del Sindicato Independiente de Policía Local de Asturias (Sipla). Por ese motivo, llevan años pidiendo pistolas taser o eléctricas, con las que poder reducir a una persona altamente agresiva sin necesidad de disparar, como en el caso del vecino de la calle Trueba que atacó a los agentes con un hacha ante su desahucio.

«Con esa herramienta se garantizaría la seguridad tanto del ciudadano como de los policías», dice el representante del Sipla. De momento, solo la Policía Local de Llanera dispone de una pistola taser, que debe ser autorizada por el Principado, aunque las policías locales dependan de los ayuntamientos. También los sindicatos de la Policía Nacional llevan años pidiendo «un dispositivo taser por cada patrulla para actuaciones complicadas, no solo para enfermos psiquiátricos, también para peleas en zonas de ocio, por poner un ejemplo», señala Abel Rodríguez Solís, secretario general de Jupol en Asturias.

La Dirección General de la Policía ha autorizado la compra de 300 unidades para toda España, «por lo que sería una pistola casi por Comisaría, cuando realmente tendría que ser una por coche patrulla. De nada sirve que la tenga, por ejemplo, el jefe de turno, que para cuando llegue al lugar en el que hay un problema los policías ya hayan tenido que intervenir de urgencia. Eso no sirve de nada». El Sindicato Unificado de la Policía (SUP ) considera que «la Policía se tiene que adaptar técnicamente a lo que la sociedad demanda. Las armas intermedias tipo taser evitarían que pasasen un alto número de sucesos como este, sin poner en peligro la vida del agente ni la del agresor», señala Pablo Rojo, secretario de Organización del SUP de Asturias.

El grave incidente que acabó con un ciudadano reducido con impactos de bala tuvo lugar poco antes de la una de la tarde del miércoles en la calle Trueba, cuando la Policía Local acompañó a la comitiva judicial para ejecutar un desahucio. El inquilino, de 65 años y con problemas mentales, llevaba sin pagar el alquiler dos años, desde que falleció su madre, por lo que debía abandonar el piso por orden judicial. Cuando llegaron, los recibió en el descansillo con un hacha y un cuchillo, por lo que los agentes y el personal del juzgado salieron a la calle. J. L. F. los siguió y les amenazó, llegando a acometer contra dos agentes, que no resultaron heridos por llevar el chaleco anticortes. Fue entonces, dada la peligrosidad, cuando hicieron uso del arma para reducirle. Recibió cuatro impactos de bala en las piernas y la zona abdominal, de los que se recupera en el Hospital de Cabueñes tras ser operado. Está en calidad de detenido por lesiones y atentado a agente de la autoridad.