Los precios de Cabueñes volverán a ser revisados cuando se ejecute la ampliación

La Consejería de Salud ha pisado a fondo el acelerador para que la primera fase de las obras de ampliación y mejora del Hospital Universitario de Cabueñes puedan comenzar el próximo verano. El segundo proceso de licitación de los trabajos abierto recoge no solo actualizado el presupuesto -ahora es de 85,8 millones de euros, casi el doble del de la licitación fallida del pasado 23 de noviembre: 44,9 millones- sino que contempla también una serie de medidas con las que se pretende agilizar el inicio de las obras y garantizar la suficiente concurrencia de empresas. A la vista de lo ocurrido hace dos meses, cuando la licitación quedó desierta por el desfase del presupuesto con respecto a los precios de mercado vigentes, ahora las cláusulas administrativas prevén la revisión de los precios para actualizar la oferta del contratista al momento en que se lleve a cabo la ejecución de las diferentes unidades de obra.

Además, para dar «una mayor celeridad al inicio de la ejecución del contrato», el Principado ha adelantado algunos pagos que corresponde asumir al contratista, como el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras; la tasa por licencias urbanísticas o por tramitación ambiental de apertura de establecimientos y licencia de apertura de zanjas. La adjudicataria deberá comprometerse a pagar esas cantidades para que se le pueda adjudicar el contrato y abonarlas «con anterioridad a la firma del acta del replanteo».

Las empresas interesadas en concurrir a la licitación tienen hasta el 18 de febrero para presentar sus ofertas (el plazo finaliza a las 14 horas). El presupuesto actualizado el pasado 9 de diciembre por el equipo redactor del proyecto contempla un beneficio industrial para la adjudicataria de 3,5 millones de euros. No varía la garantía que se le requerirá si resulta elegida (un 5% del precio final que oferte, IVA excluido), pero, de entrada, el nuevo contrato endurece los requisitos para optar a las obras de Cabueñes.

Para demostrar su solvencia económica y técnica, a las constructoras ahora se les pide un volumen anual de negocios, dentro de los tres últimos disponibles, por importe igual o superior a 44 millones de euros, casi el doble de lo que se les exigía en el anterior pliego. En cuanto a las obras del mismo tipo (construcción de infraestructuras sanitarias) ejecutadas en los últimos cinco años, se pide que éstas hayan costado 20,5 millones o más, cuando en el anterior concurso de licitación el listón estaba en los 10,7 millones.

El nuevo pliego actualiza los precios de todas las partidas, con incrementos llamativos como los relativos a la instalación eléctrica o la climatización, para los que se contempla más del doble de dinero. El capítulo referido a la estructura del nuevo edificio (de dos plantas bajo rasante, planta baja y seis en altura) pasa de 5,2 a 10,4 millones. Solo en mano de obra se estima 14 millones de euros, ahora que los costes salariales se han calculado en base al vigente convenio de la construcción. En el anterior no llegaba a los nueve.

En cuanto a las estimaciones de gasto del presupuesto total, Salud prevé 11,1 millones para este 2022; 41,2 millones para el próximo año y 33,5 para 2024. Tal y como hacía en el anterior proyecto, en el actual sigue haciendo referencia a que se trata de una obra financiada por la Unión Europea con fondos Feder (su logo aparece a pie de página en todo el documento), aunque no se ha concretado en ningún momento qué porcentaje vendrá de las arcas europeas. Eso dio pie a las críticas de la oposición. El presidente del PP gijonés y diputado Pablo González afeó que «si al final vienen fondos europeos, que vengan, pero el Gobierno tiene que garantizar con recursos propios la obra porque si no, no se pueden iniciar».

La propia consejería insistió después en que la financiación de la ampliación no está condicionada por las ayudas europeas sino que la obra «cuenta con crédito adecuado y suficiente para garantizar su ejecución». Y recordó que el gasto de 85,8 millones fue autorizado por el Consejo de Gobierno el 30 de diciembre. También la alcaldesa insistió en que «la financiación está asegurada» y «no depende de los fondos europeos».

El hecho de que se publicara en la plataforma de contratación del Estado un informe de los servicios jurídicos del Principado en el que se instaba a aclarar si se disponía o no de esos fondos se achacó a «un error humano». El documento, como otro en el que se hace referencia al recurso interpuesto el 22 de noviembre por la Confederación Asturiana de la Construcción pidiendo la suspensión de la tramitación del expediente de contratación de las obras de Cabueñes, «siguen formando parte del expediente» pero sin ser de dominio público.