«La solución no puede, en ningún caso, pasar por un desalojo antisocial»

«Son las consecuencias del desmantelamiento del sector de la minería, que se está realizando sin tener en cuenta los derechos sociales de las personas involucradas». Esta es la opinión de Rafael Mayoral, diputado y secretario de Sociedad Civil y Movimiento popular de Podemos, sobre la situación que viven los vecinos del poblado minero de La Camocha, alguno de los cuales deberá abandonar su casa en los próximos días.

Mayoral, que se encuentra estos días en Asturias, se entrevistará esta tarde con las familias del poblado de cara a conocer la realidad de la situación y valorar posibles vías de solución. «Desde luego, cualquiera que sea la manera de terminar con el conflicto, esta no pasa por un desalojo de carácter antisocial», afirma, a la vez que considera que, como punto de partida, «la administración concursal debería hacer públicas sus intenciones con respecto al terreno», en el que actualmente se encuentran las 37 viviendas que dependen directamente de la extinta Mina La Camocha.

El diputado invoca a los años que llevan las familias afectadas como inquilinos de los inmuebles para evidenciar la que considera «una situación injusta» que se ceba con personas en situaciones complicadas. «Los vecinos han pagado sus alquileres hasta que la administración ha decidido devolverles los recibos. No es una situación de impagos», alude.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de algunos representantes municipales y las asociaciones vecinales, el proceso parece ir a velocidad de crucero y posiblemente encare estas próximas semanas su última etapa: el desalojo de algunas familias del poblado. En este sentido, EL COMERCIO adelantaba ayer que el Juzgado ya había enviado las diez primeras cartas comunicando el desahucio inminente de las familias que, tras una larga negociación, no han podido acreditar el derecho legal a la ocupación de los inmuebles.

Unos hechos que se han precipitado mientras el movimiento vecinal buscaba la mediación del Ayuntamiento en el conflicto y pactaba acudir al Pleno del 13 de junio para pedir el apoyo de los grupos políticos. Un apoyo que Carmen Moriyón se comprometió a estudiar en una reunión mantenida con los inquilinos la semana pasada.

Para Mayoral, este tipo de desalojos son «radicalmente opuestos» a las ordenaciones de Derechos Humanos establecidas a nivel internacional. «En España no hay una consideración de los Derechos Humanos. Es algo que queda patente en este tipo de situaciones, que no se adaptan a los criterios anteriormente citados», asegura, a la vez que incide en que el conflicto entre la administración concursal y los vecinos debe ser solucionado a través de la vía social y no mediante desalojos forzados.

Con todo ello, el diputado de la formación morada se reunirá mañana con estos vecinos y se sumará a XSP a la hora de proponer al Consistorio una vía de acuerdo que evite unos desahucios que parecen entrar en su fase final.