El Sporting dice que identifica a los ultras «uno a uno» y se une a una comisión antiviolencia

«Urgen medidas drásticas para erradicar la violencia dentro y fuera del campo». El Ayuntamiento de Gijón trasladó ayer al consejo de administración del Sporting la necesidad de arbitrar medidas concretas para poner fin a los incidentes protagonizados por aficionados radicales. No hubo paños calientes en el traslado del contenido de la declaración institucional firmada la semana pasada por todos los grupos municipales: el club tiene que cortar todos los posibles vínculos existentes con los ultras.

«El primer paso era saber que todos teníamos claro que existe un problema que hay que solucionar de forma urgente. Parece que hay predisposición por parte del club, ahora falta ver qué medidas concretas se toman», apuntó Jesús Martínez Salvador, concejal de Deportes, quien se mostró muy contundente durante las casi dos horas que se prolongó el encuentro en las instalaciones de Mareo.

De la misma forma expeditiva se defendió el Sporting en materia de supervisión de los seguidores que acceden a El Molinón. «Realizamos un control exhaustivo y personalizado de las personas que entran al fondo de animación, incluyendo el sistema de huella biométrica, que muy pocos campos lo tienen», explicaron desde el Sporting a los miembros de la Corporación.

Participaron en el encuentro, celebrado a petición del Consistorio, los miembros del consejo de administración del Sporting, el concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio; el presidente de las Peñas, Jorge Guerrero; el presidente de la Asociación de Veteranos, Joaquín Alonso; y el presidente de Unipes, Víctor Sánchez.

No se pusieron sobre la mesa acciones concretas, si bien se acordó la creación de una comisión antiviolencia en la que participarán las mismas entidades que ayer asistieron a lo que serían los cimientos sobre los que pivotará el plan directriz para la eliminación de las conductas de los radicales. En ese grupo de trabajo participarán también representantes de la sociedad civil y podría estar incluida la Policía Nacional, cuerpo que se encarga de la seguridad de El Molinón. El próximo encuentro tendrá lugar «en una o dos semanas, no queremos dejar pasar mucho tiempo», puntualizó el concejal de Deportes, Jesús Martínez Salvador.

Fernando Losada, consejero del Sporting, agradeció al Ayuntamiento que «formalmente haya venido a trasladarnos la declaración institucional. Estamos a su entera disposición y nuestra colaboración va a ser máxima». En el resumen que aportó sobre la cita señaló que desde el club «se hizo un análisis de las medidas que se vienen tomando desde el Sporting y que en gran parte no son conocedoras por la mayoría del público. Entendíamos que el Ayuntamiento tenía que conocer de primera mano lo que estamos haciendo».

«Esperaremos a que haya una nueva reunión de la comisión especial que se formará para ir analizando el problema y tomar las medidas necesarias para erradicar la violencia de la ciudad de Gijón», añadió Fernando Losada, el consejero que a principios del mes de marzo mantuvo un encuentro oficial en las mismas instalaciones de Mareo con cuatro miembros de Ultra Boys -dos de los cuales tienen una orden de alejamiento de El Molinón- con el objetivo de organizar los actos de homenaje de Quini.

«El momento de anunciar las medidas concretas será en la próxima reunión. Será ahí cuando abordemos con más detalle qué se puede hacer y cómo se puede hacer desde el Sporting y desde el Ayuntamiento, porque al final todos somos conscientes de que hay un problema que está en la sociedad», abundó Losada.

La declaración institucional que ayer le hicieron llegar oficialmente al Sporting fue firmada por todo el arco político de la corporación local y va más allá de pedir al club la expulsión de los sujetos más conflictivos de un grupo ultra sobre el que el área de dirección corporativa del Sporting mantiene que no está registrado como peña y que ya no tiene local propio en El Molinón. Apunta, además, que se prohíbe a los hinchas radicales entrar al estadio con pancartas.

El Ayuntamiento de Gijón alude al cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.2.h) de la ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, así como el Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, para que el Sporting tome cartas en el asunto ante una escalada de sucesos cuyo último episodio tuvo lugar la madrugada del 8 de abril en un bar de Cimavilla, donde seguidores del Unión Club Ceares celebraban una fiesta. Esos graves incidentes se saldaron con un herido y otro detenidos, tres de los cuales fueron enviados por la jueza a prisión preventiva. Contaba con antecedentes penales.

Tan solo tres días antes del presunto ataque en el barrio alto, tres radicales fueron juzgados por la agresión a dos policías de paisano hace justo un año antes de un partido del Sporting contra el Dépor. Reconocieron los hechos y aceptaron condenas de prisión de entre seis meses y un año y medio. Se dio la circunstancia de que uno de esos radicales participó, supuestamente, en la agresión perpetrada poco después. Fue enviado al centro penitenciario de Asturias.

Está aún pendiente de juzgar la trifulca previa al partido del derbi, el pasado mes de septiembre, en la que resultaron heridos diez policías antidisturbios. La fiscalía solicita para ellos penas de cárcel y en la actualidad tienen, como medida cautelar, la prohibición de entrada a El Molinón y un orden de alejamiento a 500 metros del campo.