Misma suerte que Madrid Central, con idéntico despacho de abogados

Al final aquella frase de Barcia ha tenido algo de profético, porque se ha repetido equipo de abogado y también el mismo resultado judicial que en la capital de España.

Desde el primer momento se señaló como gran debilidad de la ordenanza recién declarada ilegal su apartado dedicado a dar soporte y justificar económicamente medidas tan polémicas como la prohibición de aparcar en la zona ORA a los vehículos sin etiqueta ambiental o la exigencia de exhibir la pegatina para circular por la ciudad que llegó a colapsar las oficinas de Correos.

El recurso de Foro que ha sido estimado por el TSJA sacaba a la luz las vergüenzas económicas de la normativa municipal e incidía en que «el Ayuntamiento primero realizó unos informes genéricos que podrían valer para cualquier municipio y posteriormente alertado por la Intervención General, introdujo una pequeña tabla para cubrir el expediente en el que valoraba en 322.275 euros el impacto de la ordenanza de Movilidad para sus arcas, lo que es claramente insuficiente».

El equipo de juristas que anuló el Madrid Central de la época de Manuela Carmena calculó en mayo del año pasado que, de declararse ilegal la norma municipal, como así acaba de suceder, «quedarían en el aire entre 2,5 y 3 millones de euros. O lo que es lo mismo, en torno al 75% de los ingresos anuales que el Ayuntamiento de Gijón obtiene por multas y cuya devolución animaron los abogados de DVuelta a reclamar de forma individualizada una vez que hubiera sentencia firme.

El paralelismo de la Ordenanza de Movilidad de Gijón con Madrid Central no se ajusta al 100% con el caso gijonés, porque el actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al llegar al poder municipal «se recurrió a sí mismo» y amplió el ámbito restrictivo que tenía Madrid Central a toda la zona de la M-30. Foro afirma que si gobierna derogará la norma y no actuará así.