La UE inicia la tramitación del arancel ambiental para «proteger la industria»

La Comisión Europea que preside Úrsula von del Leyen está empeñada en que el objetivo de neutralidad climática para 2050 se cumpla. Y ayer dio un paso más en esa dirección irreversible. Lo hizo echando a andar el trámite legislativo del nuevo arancel, denominado Impuesto al Carbono en Frontera. Básicamente consiste en fijar una tasa al CO2 en determinados bienes intensivos que se importan desde países de fuera de la Unión Europea. Dicho de otra forma, que lo barato -que viene de fuera- salga caro. O, al menos, que no salga a precios por los suelos, fomentando una competencia internacional justa. «Queremos introducir un impuesto a las importaciones de CO2 que evite que los productos contaminantes inunden el mercado», subrayó ayer el comisario de Energía, Paolo Gentiloni.

¿Quiénes se verían beneficiados? Todos aquellos sectores industriales intensivos en energía. En este saco entrarían, por ejemplo, el acero o aluminio, estratégicos en el tejido productivo regional. No obstante, a día de hoy, la Comisión Europea no se cierra a introducir otros muchos que sean susceptibles a las emisiones de CO2.

La UE pone ahora sobre el papel algo que la industria asturiana lleva tiempo reivindicando desde hace tiemo. Las compañías han manifestado en reiteradas ocasiones el esfuerzo de la descarbonización y el sobrecoste que supone pagar los derechos de CO2 que no son asumidos por los productores de fuera del contienente. Arcelor ha sido una de las que ha alzado la voz con más fuerza denunciando la «competencia desleal» culpa de un mercado comunitario relativamente abierto para hacer negocio. Se podía leer en el reciente informe con el que hacía balance de su último ejercicio fiscal. La acería subraya que la ausencia de regulación específica, suponía «una desventaja competitiva frente a los fabricantes de acero que tienen su producción en estos países».

Intramuros, los gobiernos autonómico y central nunca han cejado en el intento. En repetidas ocasiones se les ha escuchado reclamarlo al presidente Adrián Barbón y el consejero de Industria, Enrique Fernández. También a la ministra del ramo, Reyes Maroto. Hace poco más de un mes volvía a exigir una tasa «que garantice una competencia real de la industria europea frente a las producciones más contaminantes de terceros países».

Pues bien, parece que la riestra de plegarias han sido escuchadas y la Comisión Europea por fin se pondrá a trabajar en ello. Lo que no está tan claro es que sean capaces de cumplir la promesa. Ya de antemano se enfrentan a dos obstáculos: la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la propia toma de decisiones de la UE, que exige unanimidad de los Veintisiete y, a día de hoy, no parece todos estén por la labor. Por su parte la OMC nunca ha visto con buenos ojos este tipo de regulaciones por calificarlas de «proteccionistas» algo que va contra el propio espíritu de este organismo. Para salvar este escollo, la Comisión Europea ya está cerrando encuentros con representantes de la OMC.

De momento, lo que sí está claro es que se ha iniciado el periodo de consulta pública. Se esperan sus trabajos antes del verano con el fin de conseguir sacar adelante la ley en los albores de 2021. Prueba de que las autoridades comunitarias no las tienen todas consigo, es que ya trabajan en un 'plan b': la fijación de un recargo en las tasas aduaneras. Al eludir la vía impositiva, se elude la necesidad de unanimidad, siendo necesaria únicamente la mayoría en el Consejo de la Unión Europea. Tampoco se descarta cerrar acuerdos comerciales con terceros países en la compra de derechos de emisión.

Una vía u otra, hay una batalla que Von der Leyen no parece dispuesta a perder: la neutralidad climática. La primera para en el camino es el año 2030. Para entonces, según el anuncio hecho ayer ya se deberían de haber reducido en un 50%. Pero lo cierto es que más allá de las intenciones no hay mucho más. Sigue en vigor el baremo del 40% establecido en 2014.