El pleno de la Junta General del Principado aprobó por una amplia mayoría, con la única excepción de los dos diputados de Vox, el dictamen ... elaborado por la comisión de estudio sobre el Reto Demográfico. Concluyó así un trabajo iniciado en 2019 que ha podido llegar a buen puerto por la voluntad de consenso mostrada entre los distintos grupos, que tuvo su principal exponente en el buen hacer de la presidenta de la comisión, la diputada Gimena Llamedo, a la hora de negociar las variadas aportaciones de los partidos. El presidente del Principado se comprometió a registrar en la Cámara, antes de que acabe la legislatura, la Ley de Reto Demográfico que debe recoger en su articulado las principales medidas incluidas en el dictamen, aunque la aprobación de la norma quedará pendiente para el próximo mandato. La mayoría de los grupos están interesados en que el dictamen tenga reflejo en el proyecto de presupuestos para 2023. No hay razón para negarlo, pero es oportuno recordar que algunas de las propuestas más destacadas, como la fiscalidad diferenciada, otorgando una serie de beneficios para las personas que vivan en la zona rural, ya se están aplicando. Lo mismo cabe decir de las ayudas económicas para estimular la natalidad. En el turno de intervenciones parlamentarias, Nuria Rodríguez (Podemos) llegó a afirmar que la elevación de las temperaturas, inherente al cambio climático, puede tener una incidencia directa en la demografía asturiana, al convertirse nuestra región en un territorio al abrigo de las más dañinas consecuencias del cambio climático, siendo motivo para que los habitantes de otras comunidades autónomas vengan a residir a Asturias. La diputada de Podemos manifestó que la actual pérdida de población se podría revertir en cinco años. Adrián Barbón se abonó a esta tesis, al describir a nuestra región como un «refugio climático». El aumento de las temperaturas, el hecho de que el verano asturiano se haya alargado veinte días con respecto a hace cuarenta años, es sin duda un argumento importante para captar más turistas. En las simulaciones sobre los distintos escenarios en que puede desembocar el cambio climático, la cornisa cantábrica es la única zona de la Península Ibérica que no estará afectada por la desertificación. Puede ser receptora de gente proveniente de otras regiones. No obstante hay que ser muy cautos a la hora de avanzar juicios en esta materia. De no lograr detener el alza térmica, los países mediterráneos pueden quedar profundamente afectados y los flujos de población dirigirse hacia territorios más septentrionales. Con los datos que hay hoy día, es muy difícil imaginar que en el próximo lustro se pueda revertir la pérdida de población. Ahora bien, lo que no tendría sentido es que surgiera una demanda de asentamiento en las zonas rurales y no hubiera una previsión de viviendas, transporte y servicios públicos. Todas las hipótesis deben contemplarse y hay que estar atentos a cualquier desplazamiento de la población de las comunidades autónomas del sur y del centro de España hacia las regiones bañadas por el Cantábrico.
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Junto a las medidas relacionadas con la fiscalidad diferenciada y el impulso a la natalidad, el dictamen hace ver la necesidad de establecer vínculos con otras regiones europeas afectadas por el declive demográfico. Además de compartir experiencias, se pueden hacer propuestas conjuntas que sean asumidas en el Comité Europeo de las Regiones para que se incluyan en la legislación de la UE. El dictamen apuesta por la descentralización de organismos hacia la zona rural y la necesidad de potenciar las cabeceras comarcales. Con la idea de fijar población al territorio se hace referencia al fortalecimiento de los servicios públicos en las zonas de baja densidad de población y escaso número de nacimientos, así como la mejora de la accesibilidad a la vivienda y la conectividad en los pueblos. Hay un clima de consenso propicio para luchar por el reto demográfico. Ahora lo que hace falta es aplicar las medidas negociadas. Nada debe impedirlo.
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