510 días

A primera vista da la impresión de que Ana González no tendrá que superar grandes obstáculos para seguir de mandamás en la Casa Consistorial. Aunque sería inexacto decir que, hasta ahora, su gestión -con el único concejal de IU incorporado a la gobernación del municipio- no ofrece motivos para la censura y el reproche, la torpeza e inanidad de la oposición que tiene enfrente le despeja el camino y allana las dificultades, con la facilidad añadida de que parte de esa oposición tiene evidentes afinidades, como es el caso de Podemos, que hacen las relaciones más llevaderas. De otros partidos con representación en el concejo, hay dos en fase declinante, en riesgo cierto de que concluya con su desaparición de la escena política (Ciudadanos y Foro). Mientras, el PP atraviesa una etapa de reconstrucción tras sus sucesivos fracasos (en Gijón y en las elecciones autonómicas). Y Vox tiene dos concejales.

Cuesta trabajo, es tarea ardua, percibir en ese heterogéneo conjunto la posible existencia de una alternativa válida y solvente, con el respaldo de una organización sólida, que dispute la alcaldía a quien la ocupa desde 2019. Además, la alcaldesa tiene el viento a favor de las ayudas europeas, una oportunidad para el lucimiento en la administración del municipio.

Hay, sin embargo, aspectos relacionados con la gestión municipal que superan el ámbito de la plaza Mayor. Es el caso de las infraestructuras que dependen del Gobierno de la nación. Gijón ha perdido peso en los despachos de Madrid y tiene que recuperarlo. Puesta en marcha, por fin, la depuradora de Somió, es inexcusable arrancar al Ministerio de Transportes un compromiso firme y definitivo sobre la integración del ferrocarril en Gijón y ese compromiso solo será creíble cuando aparezca, con plazos y presupuestos, en el Boletín Oficial del Estado. Sobran palabras y promesas. En esta demanda histórica de Gijón solo los hechos serán convincentes. Ignorarlo merecería un justo castigo en las urnas.

En semejante orden de cosas, no es de recibo que ese mismo departamento ministerial haya convocado el 2 de agosto de 2021 la licitación del nuevo proyecto de trazado y construcción de la duplicación de calzada entre el enlace de Lloreda, en la autovía del Cantábrico, y el semienlace de Veriña, solo 3,5 kilómetros, de los nuevos accesos a El Musel, y que hayan tenido que pasar cinco meses, hasta ayer, para tener noticia de la adjudicación. Todo ello, con las circunstancias agravantes de que el trámite en marcha sucede al hecho de que la primera piedra de esas obras fue inaugurada por el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en julio de 2017, hace cuatro años y medio, para suspender los trabajos a los pocos meses y empezar de nuevo con el papeleo. Es un retraso especialmente dañino, porque, como debe conocer la alcaldesa, las obras incluyen la remodelación del enlace en Lloreda con la entrada sur a Gijón para permitir allí el acceso a la autovía del Cantábrico en dirección este sin el actual rodeo por Tremañes. A este esperpento administrativo se suma la inadmisible hibernación presupuestaria del nuevo vial al puerto por Jove.

Son cuestiones que afectan a Gijón, con independencia de la Administración a la que competan, y como afectan a Gijón afectan a su alcaldesa. Igual que la puesta en marcha de la regasificadora de El Musel, que puede ser oportuna ahora que la Unión Europea incluye en la energía verde la producida con centrales nucleares y en las alimentadas con gas. Gijón, en fin, debe hacerse oír, pero no para que se le tome, tal cual sucede ahora, como el pito del sereno, dicho sea coloquialmente. Y eso es obligación del Ayuntamiento y de la alcaldesa que lo preside. Tiene 510 días por delante.