Hace apenas cuatro o cinco años no lo hubiésemos creído. En un país como España, en el que todas las políticas de I+D+i ... nos han llevado a la cola de Europa, es decir, del primer mundo, desvelar ahora que el problema no es de dinero, sino de gestión, nos pone una vez más ante una realidad que no nos favorece. Por primera vez, la UE supo dar respuesta rápida a una pandemia sanitaria destructiva y nunca vista. Se articularon fórmulas para apoyar a los estados miembros con miles de millones de euros. Ahora, por efectos de la nueva situación geoestratégica mundial provocada por la infame invasión rusa de Ucrania, la UE vuelve a responder, aunque sea a rebufo de Estados Unidos, para impulsar la industria energética verde. El IRA (Ley de Reducción de la Inflación) puesto en marcha por Biden en Estados Unidos con 400.000 millones de euros para el desarrollo de la tecnología verde -con sospechas más que fundadas de un enorme proteccionismo- obtiene una respuesta inmediata de la UE, que anuncia unos fondos similares para no quedarse atrás en la pugna de Estados Unidos y China ante lo que se considera la mayor reinvención económica desde la Segunda Guerra Mundial.
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La propia UE confiesa, a través de la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, que esa apuesta multimillonaria debe salvar cuatro escollos: la agilización de los procedimientos burocráticos para acceder a esos fondos, la financiación (no todos los países están por la labor de 'crear' unos nuevos fondos), la formación de los trabajadores y la garantía de un comercio internacional justo.
El problema de la UE se traslada a España y a Asturias: de poco sirven esas ingentes cantidades de dinero si la superregulación y una burocratización infame -en manos del funcionario 'pata negra'- impiden a una mayoría de empresas acceder a todos esos fondos. No es un problema de un Gobierno, es el de toda la clase política que ni ha estado ni se la espera para reformar la Administración pública. ¿Por qué?
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