La Comisión Europea eligió la iniciativa del valle del hidrógeno, impulsada por EdP en Aboño, como una de las treinta y cinco que formarán parte ... del segundo proyecto importante de interés común europeo (PIICE) sobre la cadena de valor del gas renovable. EdP tendrá acceso a los fondos públicos asignados por Bruselas para PIICE, cifrados en 5.200 millones de euros, que se espera movilicen inversiones privadas por valor de 7.000 millones, provenientes de 29 empresas radicadas en 13 países. Aunque no se han concretado el reparto, en EdP esperan recibir 600 millones que les permitirán transformar las dos térmicas que tienen en Soto de Ribera y Aboño, a los que se suman otros 200 para proyectos de renovables vinculados a la descarbonización de las centrales. El objetivo de EdP es producir hidrógeno verde cerca de los potenciales consumidores; de esa forma aspira a liderar la transición energética. El plan del operador eléctrico es producir 100 megavatios en el año 2025, alimentando los electrolizadores con energía proveniente de plantas fotovoltaicas. La idea es elevar la cantidad a 1 gigavatio (mil megavatios) en 2030. El hidrógeno verde es la energía que se vislumbra como más prometedora para la metalurgia, la elaboración de alimentos, productos químicos de base, fertilizantes o transporte, al poder reemplazar a las energías tradicionales en todos los procesos sin expulsar dióxido de carbono. En la actualidad el hidrógeno verde es mucho más costoso que el tradicional (producido a través de hidrocarburos), pero todas las energías han conocido la secuencia de la carestía a la competitividad. Basta recordar las primas de la energía fotovoltaica hace unos años. O los aerogeneradores de un solo megavatio. O lo caro que era extraer petróleo a mil metros de la superficie. El proyecto de EdP abre la puerta hacia el futuro al sector energético e industrial de la región. Una gran noticia.
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Nubarrones en Arcelor con la presentación del ERTE por causa productiva que afectará a todas las factorías de España, salvo las tres plantas que pertenecían al grupo Condesa (Navarra). Durará hasta diciembre de 2023. En la decisión pesa la parada del horno alto 'A' asturiano y las incertidumbres del mercado. Las condiciones salariales del expediente están por acordar. La empresa plantea garantizar el 75% del salario bruto, con una aplicación máxima del 40% del tiempo trabajado. Los sindicatos discrepan de la propuesta. Una novedad que afecta a Arcelor, y a toda la industria electrointensiva, es el nuevo sistema de interrumpibilidad (reserva estratégica de respuesta rápida) aprobado por el Gobierno. Con el alza de los precios energéticos, la interrumpibilidad no solo se puede aplicar para garantizar el suministro a la población, sino que también es útil para moderar el precio en momentos de exceso de demanda. El aspecto preocupante del nuevo sistema es la ampliación de la subasta para que puedan concurrir industrias que consuman más de 1 megavatio (MW), con lo que participarán en el reparto cientos de empresas que captarán recursos que en otros países van a las electrointensivas.
Duro Felguera dio la sorpresa al anunciar que empezará un proceso de despido colectivo por «causas objetivas de carácter económico, productivo y organizativas». De los 1.300 trabajadores, el ajuste puede afectar a alrededor de 600, todos ellos con centro de trabajo en Asturias. Pese a los 120 millones de euros recibidos del Fondo de Solvencia de la Sepi la compañía no despega. Más de dos tercios del dinero se dedicaron a costes operativos. El Principado ha expresado su disgusto con la opción de los despidos. Señala como alternativas, aumentar la cartera de pedidos, abrirse a nuevos sectores de actividad o la entrada de un accionista de referencia. Esta última alternativa es la que está sobre la mesa desde 2016, cuando empezaron las dificultades. Ahora bien, la llegada de un socio tecnológico que comporte un aumento de la cartera de pedidos no se logra sin otorgarle una cuota de poder decisorio en la empresa.
Situaciones muy distintas las que viven grandes empresas asturianas. Fruto de un momento económico complejo y de transformación en el que las administraciones deben tanto impulsar el cambio como amparar ante las dificultades, pero todo con la debida tutela que exige la gestión de los fondos públicos.
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