Un presupuesto de mayorías

Tal y como están ubicados en la agenda, el debate de Orientación Política y los presupuestos del próximo año tienen una gran relación. En el debate se discute sobre los problemas y se fijan prioridades, mientras que en los presupuestos se plasman en partidas las intenciones expuestas. Los portavoces de los grupos han sido muy críticos con el Gobierno socialista en sus primeras intervenciones, pero en el segundo turno llegaron las matizaciones. La plena disponibilidad para negociar el proyecto presupuestario es una voluntad compartida por todos los portavoces. La excepción es Vox, pero ya por delante, como en anteriores años, el presidente del Principado había advertido de que no negociaría con este grupo por mostrarse contrario al sistema autonómico.

Las prioridades del presupuesto están en los servicios públicos de competencia autonómica (sanidad, educación, servicios sociales) que consumen más de 3.000 millones de euros. Es un gasto rígido porque en ellos trabajan en la actualidad 36.600 empleados públicos. Solo en la sanidad, el personal aumentó un 8% los últimos tres años. Hay que tener en cuenta, también, que en algunos capítulos, como en farmacia o en tecnología, el gasto está al alza. La inversión productiva debe ser otra prioridad, por lo que significa en términos de reactivación económica y creación de empleo. Hasta ahora no lo ha sido, por insuficiencia de las partidas o por falta de ejecución presupuestaria. Debe añadirse que la inversión en algunas materias, como las infraestructuras, es vital dado el deterioro que padecen. No se puede expresar solidaridad con el Suroccidente sin reservar recursos para invertir allí. El reto demográfico también es una prioridad del Gobierno, compartida con la oposición. En su exposición, el presidente del Principado hizo una serie de anuncios, como el aumento de las ayudas a la natalidad (1.200 por el primer hijo, 1.700 por el segundo y siguientes), que en el caso de ser en concejos en riesgo de despoblación aumentarán a los 2.200 euros. También las ayudas de 1.500 euros para niños menores de tres años que vivan en municipios sin escuela infantil (la gran mayoría en zonas rurales en proceso de despoblación).

Para poder gestionar estas ayudas es necesario aprobar el presupuesto. El Gobierno necesita el apoyo de tres diputados. En principio hay varias alternativas. Izquirda Unida es socio habitual del PSOE a lo largo de toda la etapa autonómica y en esta legislatura firmaron un pacto de investidura que la coalición invoca en todos los debates. Puntos conflictivos, como el alza de impuestos, la portavoz de IU dio a entender que no constituirían una línea roja. IU tiene dos diputados, faltaría otro. En el debate, Fernández Bartolomé, único componente del grupo mixto, mostró su disposición a aprobar las cuentas. Esta sería la alternativa más sencilla para sacar adelante las cuentas, pero el Gobierno debe aspirar a obtener un respaldo más amplio. El PP se ha ofrecido a negociar y pactar el proyecto presupuestario. Merece la pena explorar esa alternativa, porque en tiempos de crisis económica y crispación política, la entente de los dos grandes partidos supone enviar el mensaje correcto a la sociedad. También es factible llegar a un acuerdo con Foro y Ciudadanos, ya que no hay desacuerdos insuperables con ambos. Los dos han pactado presupuestos en este mandato. El grupo que se mostró más crítico en el debate fue Podemos, pero de cara a los presupuestos, el portavoz repitió su disposición al diálogo. El Gobierno debe iniciar la negociación del presupuesto con la ambición del consenso.