Hay que salir a la calle. Esto es lo que ha recomendado la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, la movilización como medida ... para contrarrestar la pérdida adquisitiva en los salarios, derivada de la preocupante inflación que golpea nuestra economía. Cuando habla de salir a la calle se supone que no será a aplaudir, sino a presionar, a protestar, a elevar la tensión en un clima laboral ya incierto en estos momentos, complejo e inestable.
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Vaya por delante que no niego que el mensaje enviado tenga su razón y lógica en el actual contexto económico. Está claro que hoy por hoy es muy difícil abrirse camino con ciertos niveles salariales. Si consideramos la evolución en los precios, y las necesidades que nuestra propia sociedad nos ha ido creando, para muchas familias es casi misión imposible llegar a final de mes. De ahorrar e ir creando un pequeño 'colchón' sobre el que pasar relativamente tranquilos por esta corta vida, ni hablamos. Por ello, estoy en parte de acuerdo con el mensaje, repito, no vaya a ser que alguien vea una brizna de partidismo en esta columna.
En todo caso, convendría hacer la cuenta de qué porcentaje de esos mil euros mensuales con los que tanta gente se las tiene que apañar se van por el gigantesco buche fiscal. Entre IRPFs, IVAs, impuestos especiales a carburantes, energía, etc, etc, cualquiera se dará cuenta, por modesta que sea su nómina, del esfuerzo al que el Estado le somete, por cosas tan triviales como comprar pan o tomarse de vez en cuando una caña. Esfuerzo necesario y justificado, sin duda, para tener los servicios que disfrutamos en nuestra sociedad, pero también para pagar un montón de cuentas superfluas o difícilmente justificables de la 'res pública'. Frivolidades, lujos y privilegios que, lejos de ajustarse, siguen creciendo, y con frecuencia nos restriegan por el hocico sin cortarse un pelo, publicándolo en las redes sociales entre la autocomplacencia y el jolgorio de los y las beneficiarias.
Como suele suceder, la clave del asunto aquí no está en lo que se dice, sino en quién lo dice. Que una vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo incite a la movilización sindical es como si se le pide a un juez que haga en el mismo pleito de abogado, y de reo. Como si viéramos a un árbitro chutando a gol, o a Djuka sacando un córner, y rematándolo también. En mi opinión, cuando un gestor de lo público llama a los intervinientes a activarse, con todo lo que ello conlleva en cuanto a presión, parones, manifestaciones o huelgas, está reconociendo a gritos su incapacidad para gobernar. Más claro, agua. Quizás alguien debería, desde la neutralidad, promover acuerdos entre las partes afectadas, proponer cuentas objetivas y asumibles para unos y otros, y en definitiva, trabajar, asesorarse, escuchar, y buscar soluciones a los problemas. La cuestión es quién, y al parecer, no es quien usted o yo creemos.
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Nuestra ministra de Trabajo parece seguir confundiendo la gestión y el informe con la pancarta y la octavilla. La hoja de cálculo versus la cuenta de la vieja. En la vida, en la economía y en las relaciones laborales ha de haber de todo, y es habitual encontrar mensajes sesgados, lanzados desde cada parte en un conflicto para promover sus intereses particulares. Contra esto se requieren posiciones que fomenten los acuerdos, que intenten poner paz, equilibrio y las cosas en su sitio. El quid del asunto es quién hace valer qué cosas, y aquí está claro que nuestra vicepresidenta no está en su papel o, lo que es aún peor, parece no estar dándose cuenta de que no lo está. Dicen que el poder desgasta, y es frecuente observar, viendo el 'antes y después' de muchos gobernantes, que su aspecto desmejora, la responsabilidad les pasa factura. Mas en este caso parece lo contrario: cada vez más sonrisas, más mechas, más 'outfits' y más 'fashion'. Por cierto, no es la única, ni el único, se ven más. Lo público broncea mucho.
Una subida contundente de sueldos resolvería sin duda el problema, y le vendría bien a todo el mundo, mira tú que cosas. Puestos a pedir, que nos regalen los alquileres todos los implacables arrendadores, también nos vendría muy bien. Otra cosa es que todo esto sea viable, y justo. Cualquier subida salarial conlleva un aumento de costes y más reajustes de precios y más pérdida de competitividad y bla-bla-bla. Eso lo sabemos todos. Difícil solución tiene esta inflación, hay que admitirlo, pero se echa en falta más rigor y austeridad, más remangarse, y menos postureo. Menos demagogia simplona, menos agitación social y más acuerdos. Que tras ya unos cuantos años en el cargo, se siga queriendo manipular a la gente con tanta ligereza es bien triste. Esa contumaz tendencia a buscar atajos, y confundir la gestión con la agitación y la manifa, es como para salir corriendo. La duda es, hacia dónde.
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