Volver a negociar

La reforma de la Atención Primaria se inició con un acuerdo firmado el 30 de enero por los sindicatos de la sanidad con el Sespa, que ha sido impugnado por los médicos de familia. Los facultativos se han agrupado en una plataforma (Plameta) que cuenta ya con 258 médicos, el 50% de los afectados por la reorganización. El punto más conflictivo reside en las guardias de los fines de semana que hasta ahora realizaba el personal eventual y los equipos de atención continuada y urgencias de los centros de salud. Al incorporarse, por ley, los eventuales a las plantillas como interinos se impuso el cambio en las jornadas de trabajo, recayendo las guardias de fin de semana en los médicos de familia titulares de plaza. El nuevo modelo se experimentó en Avilés, con resultado negativo según los facultativos, que piden voluntariedad para las guardias de fin de semana. El objetivo de la reorganización es prestar atención las tardes, noches, fines de semana y festivos, con las actuales plantillas. La meta es irrenunciable, pero deberán negociarse las contraprestaciones y actuar con flexibilidad. El Sespa debe reconocer que para profesionales con muchos trienios a las espaldas empezar a hacer guardias de fin de semana supone un cambio importante. No obstante, las condiciones se pueden mejorar, todo depende del número de guardias.

Contra el acuerdo del Sespa y los sindicatos también han protestado los 65 médicos y 129 enfermeras del Servicio de Atención Continuada (SAC), un colectivo que atiende a todos los pacientes que van por los centros de salud de las tres de la tarde a ocho de la mañana. Las quejas provienen del número de horas asignadas en el mes de marzo. En cuanto las enfermeras, el compromiso de equiparación salarial con sus homólogas del Servicio de Urgencias no se ha cumplido. Sigue habiendo una diferencia del 50%.

Los colectivos citados barajan la posibilidad de convocar una huelga. El presidente del Principado advirtió de que hay margen para la mejora en cuestiones organizativas y profesionales, pero que una huelga no impactaría en el Gobierno, sino en los pacientes. En Asturias conocimos huelgas sanitarias muy largas, como la del año 2012, que hicieron un daño enorme en las listas de espera, tardándose más de dos años en recuperar la normalidad. En este caso, la situación es mucho más delicada porque la pandemia ha dejado una huella profunda, en especial en la Atención Primaria, donde la valoración de los usuarios muestra la degradación del servicio. El personal sanitario también está más cansado y una huelga crearía tensión, desmoralización entre los usuarios y dificultad para hallar soluciones. El Sespa y los sanitarios deben volver a negociar, sin prejuicios, con la convicción de que se pueden llegar a fórmulas de entendimiento, siempre y cuando ambos interlocutores partan del realismo. Hay un déficit de personal evidente que no se puede arreglar de hoy para mañana. El Principado lidera el gasto sanitario per cápita, pero esa realidad no puede llevar a la autocomplacencia, porque hay problemas reales, derivados en gran medida de no haber aplicado reformas durante muchos años, como la no pocas veces debatida reducción de áreas sanitarias que hubiera liberado gasto burocrático en favor de asistencia directa.