Seguridad revisará los protocolos de actuación a raíz del incendio en Comandante Vallespín
La junta de personal da un mes de plazo al Ayuntamiento para que adecúe la coordinación entre los servicios
Gonzalo Díaz-Rubín
Martes, 17 de noviembre 2015, 00:15
La Concejalía de Seguridad revisará los protocolos de emergencias tras el incendio de la calle Comandante Vallespín en el que resultaron heridas 16 personas, entre ellas dos bomberos. Así lo confirmó ayer el concejal del área, Ricardo Fernández, que anunció que solicitará informes a los responsables de servicio sobre la situación actual y el marco para la coordinación ante situaciones de emergencia.
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Según denunció la Corriente Sindical de Izquierdas, la intervención en el siniestro declarado el pasado día 4 de este mes se complicó al haber intentado los agentes de la Policía Local desalojar el inmueble sin esperar que los bomberos estuvieran en el lugar de los hechos.
La actuación de la dotación policial, que llegó unos minutos antes que el retén de bomberos, pudo estar detrás del alto número de víctimas del siniestro, ya que expuso a los residentes al humo que llenaba el hueco de la escalera, según esta versión. Un total de catorce personas, sin contar los dos bomberos, resultaron intoxicadas por la inhalación de los gases en el siniestro; de las que trece fueron trasladadas al Hospital Universitario Central de Asturias. Entre ellas, una mujer de 79 años de edad, en estado muy grave y a la que los bomberos rescataron tras encontrarla inconsciente, tendida en ropa interior en el suelo del rellano del quinto piso del edificio, dos por encima del foco del incendio. Estas circunstancias, mueven a pensar, según CSI, que pudo abandonar asustada su vivienda al oír las advertencias de la Policía Local. Fuera, expuesta al humo, se desplomó.
La apreciación parece compartirla todos los sindicatos con representación en la junta de personal del Ayuntamiento, que el jueves pasado aprobaron por unanimidad un requerimiento al equipo de gobierno para que establezca protocolos de intervención y lo haga en el plazo de un mes. En caso contrario, advierten de que tomarán medidas de presión.
La iniciativa, que puso de acuerdo a las siete secciones sindicales aunque no sin debate, partió del Sindicato Independiente de Policía Local de Asturias (SIPLA). En ella, se urge al equipo de gobierno a adoptar las medidas necesarias para establecer un protocolo de actuación para emergencias que incluya a los servicios municipales de Policía, Bomberos y Protección Civil y, también, a los de otras administraciones o los sanitarios.
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En la intervención en el incendio de Comandante Vallespín, 21 se vieron malas caras y signos de preocupación. Fue «dura», como la calificó el delegado de CSI y uno de los bomberos heridos en el suceso, Miguel Ordóñez. El retén, de apenas cinco efectivos inicialmente, tuvo que hacer múltiples ascensos para rescatar a los vecinos. Algunos funcionarios subieron y bajaron seis veces en medio del humo y el calor. Con cada rescate, al ceder su equipo de respiración autónomo a la víctima, quedaron expuestos los mismos gases.
Plan de Emergencias
El Ayuntamiento tramitó entre 2013 y 2014 su Plan de Emergencia del Municipio de Oviedo (PEMO). El documento, una obligación legal para todos los municipios de más de 20.000 habitantes desde 2007, recibió un impulso solo tras la tragedia del Madrid Arena. El documento fue convalidado por el Principado, pero nunca se publicó o se sometió a información pública tras ser aprobado en diciembre de 2012.
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Incorporaba los planos de Infraestructuras y Servicios de la ciudad de Oviedo, los mapas de riesgos y las fichas de recopilación de datos precisos sobre edificios, lugares o instalaciones potencialmente peligrosos o susceptibles de verse afectados por una emergencia. Suponía un importante avance y una actualización sobre el plan vigente desde los años 80. En aquellos años, por ejemplo, Química del Nalón no producía nafta, o no existía actividad industrial en el polígono de Olloniego. Hacia estas empresas y áreas se dirigían algunas de las medidas que prevé el documento.
El plan obligaba a los polígonos industriales a actualizar «sus medios de autoprotección colectiva», con la instalación y mantenimiento de una red de hidrantes, sistema de avisos y alarma, el control sobre materiales desechados en zonas exteriores. Además, «todas las actividades industriales, sean de implantación antigua o actual» deberán adaptarse a la Ordenanza Municipal de Protección contra Incendios, que refleja las exigencias contra el fuego del código técnico de edificación.
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Además, recomendaba la implantación de «medios privados» en los polígonos industriales bajo la supervisión del Cuerpo de Bomberos, la creación de planes de emergencia para cada área y realizar simulacros bajo la supervisión de los responsables del servicio y planes de emergencia para todos los edificios de pública concurrencia. CSI denuncia, sin embargo, que ni se hacen los simulacros debidos ni se recibe formación para las intervenciones.
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