La Audiencia archiva la querella por la adquisición de las oficinas del Calatrava

En julio, recién designada vicealcaldesa del nuevo equipo de gobierno, Ana Taboada anunció que dejaba el ejercicio de la Abogacía y con ello la dirección jurídica de la acusación popular que, en nombre de Ecologistas en Acción, llevaba en la querella del comité de empresa de Sedes contra la operación de 'los palacios'. No le dio tiempo. La titular del Juzgado de Instrucción Número 2, Simonet Quelle, decretó a finales de ese mismo mes el sobreseimiento provisional y el archivo de la querella. Fue de nuevo Taboada la que anunció que la acusación particular a la que representaba recurriría el archivo. La Audiencia ha sido aún más dura. La sala presidida por Javier Domínguez Begega ha rechazado la apelación, confirma el auto dictado por la instructora y encima, afea a los recurrentes su «abulia» en un proceso en el que no «han hecho el esfuerzo» de sugerir «siquiera» la tipología de los presuntos delitos. Una «cómoda actitud generalista de querer estar a las resultas de la instrucción» que la Audiencia critica porque «una causa penal no tiene que obedecer a fines prospectores».

Frente a esta 'pereza', la Audiencia encomia el trabajo de la magistrada Simonet Quelle que en su auto de archivo, «con método y congruencia, disecciona sucesivamente» los hechos relacionados con la compra de las oficinas de Buenavista para el Principado utilizando a Sedes como intermediaria para, «en un alarde de agotamiento de su competencia investigadora, entrar en la posible subsunción de aquellas actuaciones en los tipos penales que pudieran acogerlas». Su conclusión: que pudo haber irregularidades administrativas pero que la vía Penal no puede ser «revisora de aquellas infracciones». Rechaza, también, que «hayamos llegado a esta fase del procedimiento, sin que nadie haya hecho una imputación específica» a ninguna persona y concluye, criticando, que las recurrentes se «limitan ahora a señalar la conveniencia de que se tome declaración» a ciertas personas implicadas.

Algo más que sospechas

La operación de 'los palacios' se investigaba en dos juzgados distintos. Archivada la causa presentada del comité de Sedes y Ecologistas en Acción, solo resta la de Instrucción 3, donde su titular abrió diligencias el pasado mes de mayo, tras agrupar las denuncias ante la Fiscalía que los grupos municipales de IU y PSOE presentaron en agosto y noviembre del año pasado. La investigación, de la que nada ha trascendido hasta ahora, partió de las conclusiones que ambas formaciones extrajeron de la comisión de investigación municipal sobre el contrato y busca probar la existencia de negociaciones prohibidas, prevaricación y malversación en los múltiples cambios y cambalaches del contrato firmado con Jovellanos XXI para desarrollar las parcelas de El Vasco y Buenavista.

No es que la querella ahora archivada flotase en el vacío o fuese temeraria. Un informe de la Brigada de Delincuencia Económica de junio del año pasado advertía de que el Principado presionó a los representantes de Cajastur en Sedes para que aprobasen la compra por 59,4 millones de euros del inmueble a Jovellanos XXI. Incluso, con «cartas personales e intimidatorias, enviadas por el presidente del consejo, (entonces) José Manuel Hevia-Aza» a los consejeros de la entonces Caja de Ahorros de Asturias.

Los agentes destacaban que los representantes de la entidad financiera interpusieron una demanda para solicitar la suspensión cautelar del acuerdo de compra que, decían, se hacía sin «aportar las preceptivas valoraciones» del inmueble a adquirir y en la que se disponía de la «totalidad de la tesorería» de Sedes «en contra de los más elementales principios de prudencia». También que «no se presentaban fuentes de financiación».

Este último aspecto, intuyen los agentes, fue clave. «Tras varios meses de negociaciones, al parecer entre Cajastur y la representación del socio mayoritario de Sedes (el Principado de Asturias)», en reuniones de las no hay constancia documental, «por haberse desarrollado supuestamente» al margen de los órganos de la empresa, se llegó a un acuerdo entre ambos». Un pacto del que tampoco hay constancia, pero que se saldó con la retirada de la demanda y con la entrada de Cajastur como financiera de la operación, con la firma de varios créditos hipotecarios en 2007 y dejando fuera otras opciones, «como eran Banco Herrero y BBVA».

De todo ello, concluyen los agentes, que el Principado forzó a Sedes para «eludir de forma fraudulenta» los controles exigibles para comprar las oficinas. La instructora consideró, sin embargo, que todas estas presuntas irregularidades no revestían la condición de ilícito penal. Debían de haber sido recurridas, tal vez, en su momento ante el Mercantil o el Contencioso, pero la vía Penal no está para revisar este tipo de decisiones. Como la de formar a una sociedad de capital mayoritariamente público a comprometer su futuro en una operación que solo beneficiaba, si es que lo ha hecho, al Principado y a una competidora, Jovellanos XXI.