Caunedo: «Ni siquiera era concejal cuando expropiaron Villa Magdalena»

El exalcalde y portavoz municipal del PP, Agustín Iglesias Caunedo, ha presentado alegaciones a la apertura del expediente de responsabilidad patrimonial por la expropiación del palacete de Villa Magdalena, por el que él, Gabino de Lorenzo, Jaime Reinares y Alberto Mortera, entre otros, se pueden enfrentar al pago de 45 millones de euros. Argumenta que ni en el momento de la expropiación ni cuando el gobierno local recurrió a los tribunales la tasación que disparó el precio del palacete, ni cuando se decidió no consignar el dinero, era concejal, ya que desde mayo de 1995 hasta junio de 1999 fue representante de los asturianos en la Junta General. «No se le puede exigir ninguna culpabilidad pues por aquel entonces era diputado» y no tenía nada que ver con las decisiones que se tomaban en el Consistorio, defiende en el escrito de veintiocho páginas su abogado, Miguel Teijelo.

Considera, por tanto, que no existen ni «las circunstancias ni los requisitos para exigir una responsabilidad patrimonial» y critica que el único objetivo del inicio de la apertura de este expediente es «pura revancha política». «Advertimos desde un principio la patente subjetividad, desviación y torcido fin que se adivina en las intenciones del PSOE, Somos e Izquierda Unida, que solo tienen fines espurios».

Defiende que siempre ha obrado según dictaminaban los técnicos municipales y también porque cuando fue nombrado primer teniente de alcalde se afrontó la cuantía del justiprecio. «Se empezó a hacer frente a este pago cuando nos lo indicaron los funcionarios competentes y del mismo modo nada se me puede reprochar por haber presidido la junta de gobierno de 2008 donde se desestimó la solicitud de retasación al entender que Comansa carecía de legitimación, ya que así lo reflejaba la propuesta de la adjunta a jefe de Urbanismo».

Sostiene, al igual que lo hizo Gabino de Lorenzo en su escrito de alegaciones, que «nadie podía aventurar» el incremento de valor de Villa Magdalena y al mismo tiempo le resulta «sorprendente» que la catedrática de Derecho Administrativo y encargada de hacer el informe de la Fundación de la Universidad de Oviedo sobre Villa Magdalena, María Rosario Alonso Ibáñez, diga que el «Ayuntamiento pudo y debió jugar a su antojo con los tiempos de la expropiación y derechos del propietario».

Revisión del PGOU de 1986

Teijelo califica como «fundamental» recordar que la decisión de expropiar el palacete surge de un exalcalde socialista, Antonio Masip. Y es que en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986, aprobada bajo su mandato, se ordenaba la expropiación por interés para el uso público de la hoy bautizada como «la biblioteca más cara del mundo». «Por aquel entonces se debían de conocer los entresijos de tal decisión urbanística», interpreta el abogado.