El Ministerio de Defensa advierte de que «no hay plazos» para cerrar las negociaciones de La Vega

El tiempo apremia. El reloj del mandato está ya muy cercano a culminar su tercera vuelta completa y los grandes proyectos a los que la capital asturiana fía su futuro van quedando vinculados al último de los cuatro años de gobierno local de Canteli y Nacho Cuesta -antes de las próximas elecciones municipales-. La Vega es uno de los elementales. Si bien el regidor ha venido manifestando que el clima de colaboración y entendimiento con Robles y Barbón hace que el devenir de los 120.000 metros cuadrados de terrenos tenga «muy buena pinta», hacen falta nuevos pasos.

En ese sentido, tal y como había adelantado este diario, Defensa espera «a corto o medio plazo» una contrapropuesta «conjunta» de las dos administraciones en la que, según señalaban, se está trabajando. Eso, al respecto de la remisión por parte de Defensa de una propuesta de protocolo, «que, en la actualidad, se encuentra en estudio por parte de las autoridades del Principado y del Ayuntamiento».

La voluntad que viene manteniendo el Ejecutivo central de Pedro Sánchez desde entonces es la de alcanzar un acuerdo «legalmente viable y que satisfaga a las diferentes administraciones». Algo que, en todo caso, deberá pasar el corte del dictamen de los servicios jurídicos de Defensa y que, como ya han venido dejando claro, la transmisión de los terrenos solo puede realizarse a «título oneroso», no lucrativo. Es decir, pagando su precio de una forma u otra.

Paso a paso. Por lo pronto, las tres partes están donde estaban. Deben cerrar el marco administrativo, el protocolo que habría de desembocar, si de esta finalmente la capital asturiana recupera los terrenos que ocupa la antigua factoría militar, en el convenio final y con La Vega en manos del Ayuntamiento y del Principado de una vez por todas. La ciudad lleva esperando una década. El cuánto, en todo caso, deberá basarse en la tasación que se efectúe con posterioridad al acuerdo entre las partes, y el Ministerio de Defensa está abierto a cobrar en aprovechamientos urbanísticos. Esto es, en edificabilidad. Proponer las distintas modalidades de pago, sin embargo, es algo que corresponde ahora al Principado y el Ayuntamiento. A Defensa, aceptar o no.

Planes para el futuro del complejo los hay encima de la mesa tanto por parte del equipo de gobierno local como del Principado y del propio ministerio. El Ayuntamiento quiere quedarse con dos de las naves del conjunto que sumen del orden de 7.000 metros cuadrados para usos culturales y de ocio, y con otros «10.000 o 12.000» para la creación de un gran parque público. El resto, y aquí es donde entra el Principado en juego, se terminaría aprovechando para construir un polo de empresas de alta tecnología, del ámbito sanitario y bioquímico. En este punto, la Cámara de Comercio ya se ha ofrecido para la promoción de una bioincubadora 4.0 con fondos europeos Feder a los que aspira y la implementación de un espacio municipal para emprendedores. Un cóctel que, en lo que toca al Estado, aderezarían las viviendas que quiere el ministerio.