Barrio de La Tenderina, en Oviedo. Mario Rojas

La Plataforma Antidesahucios de Oviedo lleva a la ONU el desalojo de una pareja y su bebé

La entidad denuncia al Ayuntamiento y al Principado por «seguir inhibiéndose de su responsabilidad de ofrecer una alternativa habitacional digna» a la familia de La Tenderina, que no sabrá si se suspende la orden de desalojo hasta hora y media antes de cumplirse el plazo

europa press

Sábado, 5 de enero 2019, 11:51

La Plataforma Antidesahucios de Oviedo ha denunciado al Ayuntamiento y al Principado ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) por vulneración del derecho humano a la vivienda, al seguir «inhibiéndose de su responsabilidad de ofrecer una alternativa habitacional digna al desahucio de la pareja de La Tenderina y su bebé de 11 meses«.

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Según ha informado la Plataforma en nota de prensa, la familia, formada por una joven pareja y su bebé de 11 meses, no sabrá hasta hora y media antes si tendrán que desalojar forzosamente su vivienda de alquiler en el barrio de Oviedo.

A las 9 horas de este martes 8 de enero, el juez les ha convocado para comunicarles si finalmente atiende su solicitud de suspensión provisional del desahucio señalado para las 10.30, presentada este viernes, una vez que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo «abandonó definitivamente cualquier esperanza de que el Principado de Asturias o el Ayuntamiento de Oviedo asumieran su responsabilidad a tiempo y les facilitaran la vivienda digna a que, en su situación, tienen derecho».

El último esfuerzo, han añadido, un mensaje de correo electrónico dirigido el 28 de diciembre al Director General de Vivienda, Fermín Bravo, «que no obtuvo respuesta».

Ante el «abandono y la pasividad» de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado y de la Concejalía de Atención a las Personas del Ayuntamiento de Oviedo, «que se cruzan de brazos», la PAH ha presentado una denuncia ante el Comité de Derechos Sociales por vulneración de su derecho a una vivienda digna contemplado en el artículo 11 del Pacto Internacional suscrito por el Estado Español y, por tanto, de obligado cumplimiento para todas sus instituciones.

Mientras el Comité examina la denuncia, se le ha solicitado que requiera al Estado Español la suspensión del desahucio o, alternativamente, se facilite a la familia el acceso a una vivienda en las condiciones mínimas de estabilidad y seguridad en la tenencia.

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