El TSJA dice que la familia desahuciada no es vulnerable por tema económico

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha asegurado que la pareja y el bebé de 11 meses que hoy ha sido desahuciada en Oviedo no está considerada en medios judiciales como «vulnerable» por razones económicas.

El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Oviedo ha ejecutado hoy el desahucio de A.S.R., de 21 años, su marido y su bebé de 11 meses por no poder afrontar el pago de la deuda acumulada de 1.440 euros del piso donde residían, en la Avenida Torrelavega de Oviedo.

La joven A.S. ha asegurado a los medios de comunicación que sólo recibe el salario social y que con ese dinero «o daba de comer a su hijo o pagaba el alquiler».

El TSJA ha emitido un comunicado donde sostiene que se ha instado al desahucio por «falta de pago reiterado de la renta» y ha recordado que, el 5 de noviembre pasado, el juzgado dictó un decreto dando por terminado el procedimiento de desahucio.

El 21 de noviembre de 2018 se presentó escrito por la demandada, solicitando tanto la suspensión del desahucio como la realización de un juicio de proporcionalidad de las circunstancias concurrentes, por lo que se suspendió el lanzamiento.

Entre tanto, se procedió a solicitar informes a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oviedo, donde aseguran haber ofrecido a la arrendataria alojamiento provisional para ella y su hijo en el Albergue Cano Mata Vigil, el cual fue rechazado al tener opción de acogida en su entorno familiar.

Esta alternativa, según explica el TSJA, fue rechazada por no resultar aceptable, «al no reunir las condiciones de seguridad y estabilidad para desarrollar su proyecto vital, toda vez se trata de un albergue para transeúntes y personas sin hogar».

En el mismo informe, el Ayuntamiento de Oviedo reconocía que A.S. percibe un salario social básico mensual, así como que ha percibido recientemente otro pago de atrasos de una cantidad considerable y cuenta también con una ayuda de garantía energética.

Todas estas cantidades no hacen, a juicio del TSJA, que la familia afectada «pudiera ser considerada como vulnerable por razón económica».

La familia ha estado arropada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha denunciado su caso ante el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.

El TSJA ha explicado que, según la ley vigente, no ha lugar a tomar en cuenta escritos emitidos por grupos de trabajo de organismos ajenos totalmente a la causa, que se desconoce si cuentan con la información precisa y detallada del caso que, como es procedente, sí está incorporada al expediente del Jugado desde el momento en que se presentó la demanda.