«En La Vega se perdió más que una fábrica»

«Aquello fue de sopetón. Nos lo notificaron simultáneamente para que no hubiera intercambio de información», aún recuerda el segundo una década después.

La empresa había planteado en varias ocasiones una opción similar; la última en 2007, que la parte social había logrado frenar. Un lustro después, en dicho encuentro, los representantes de los trabajadores se levantaron de nuevo de la mesa. «Lo primero que hicimos fue negarnos, les dijimos que no al cierre y al traslado». Misma reacción mostró el entonces alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo. Al Ayuntamiento le llegó la notificación a lo largo de esa misma mañana: «Fue una decisión sorprendente porque la empresa no nos comunico nada previamente, fue una decisión impuesta», recuerda el popular.

En esta ocasión, la decisión era firme, sin margen de maniobra, sobre todo por el respaldo público, al día siguiente, del Ministerio de Defensa, en manos del Gobierno de Mariano Rajoy, con Pedro Morenés como ministro del ramo. Se enterraron así, apenas seis meses después, doscientos años de historia de la fábrica de armas de Oviedo, creada en 1794 por Real Decreto para fabricar y suministrar, entre esta y la de Trubia, armamento y material al Ejército español.

Entre ese 11 de abril y el 30 de octubre de ese año, cuando cesó la actividad, se vivieron jornadas de mucha movilización y tensión. En los despachos y en la calle, con masivas movilizaciones con el lema 'No al cierre de La Vega', con la preocupación por cuestiones industriales y laborales, y el ruido de fondo de interés por sacar rentabilidad a los terrenos a la entrada de la capital. Un complejo hasta entonces prácticamente desconocido para los ovetenses de a pie por razones de seguridad.

El Pleno municipal de Oviedo aprobó a los cuatro días por unanimidad una declaración de rechazo absoluto a la decisión. «Hubo un enfrentamiento muy fuerte con el Ministerio de Defensa, pese a ser del mismo partido, con el ministro y con el secretario de Defensa», desvela Caunedo, que aunque ya llevaba muchos años como concejal, cumplía poco más de tres meses como regidor tras la salida de Gabino de Lorenzo. Ese cierre, que abriría además otra pugna por la propiedad y el futuro de los 122.000 metros cuadrados, marcaría el resto de su mandato y sigue a día de hoy abierta.

En cualquier caso, tras esa medida unilateral por delante quedaron semanas, más bien meses, duros. «A partir de ahí se inició el proceso, los días de consulta, las movilizaciones...», detalla Elorza, de CC OO. Pero ante cualquier paso, la empresa solo entraba a negociar el cómo, no el final. Y sobre la mesa, siempre posturas muy dispares; Santa Bárbara Sistemas insistió una y otra vez en que la única forma de sostener la continuidad del sector en Asturias, con ese traslado de los 270 trabajadores, a los que garantizaban sus puestos, era fusionar ambas plantas, a doce kilómetros.

Las diferencias entre ambas factorías, no obstante, iban más mucho más allá de esa distancia dentro del municipio de Oviedo. Siempre lo advirtió quien fue presidente del comité de empresa de La Vega durante dos décadas, Amador García, quien lidió otros intentos de cierre previos y siempre muy crítico con la privatización de las antigua fábricas estatales, en 2001 -con el Gobierno de José María Aznar- porque «fue la gran mentira, porque los americanos nunca aportaron nada bueno». Destaca que con el cierre de La Vega no solo se cerró una parte de la historia de Oviedo. «En el camino se perdió la más alta tecnología: misiles, cañones medios, la homologación de marcas internacionales, el sector aeronáutico... No se perdió una fábrica, se perdió todo eso». «Aquello fue el timo de la estampita», resume García, que sigue lamentando la falta de apoyo político real para defender la continuidad de ese sector en Asturias. Un sector que contaba con «la profesionalidad y el compromiso de la plantilla, que era enorme. Había muchos aprendices, mucha formación, y se fueron superando los retos», en los últimos años indica. «Pero todo aquello fue una decisión política, no industrial», reprocha, en beneficios de otras comunidades

Seis meses después de ese 11 de abril, la fábrica de armas de La Vega cerró sus puertas, quedando toda la actividad armamentística reducida a Trubia. Los casi seiscientos trabajadores de entonces entre ambas factorías abrieron una nueva etapa que duró poco, porque a los seis meses, en febrero de 2013, a pesar de las promesas, Santa Bárbara anunció un plan de reestructuración que preveía inicialmente el despido de casi 700 trabajadores a nivel nacional, 239 en Trubia. Finalmente, se prescindió de 55 en la villa cañonera; la primera reducción traumática de empleo en su historia. Y se cerró la fábrica de La Coruña, unida con Oviedo en esa lucha sin éxito por cesar estos planes.

Diez años después, quienes lo vivieron en primera persona ven sombras y luces en la decisión de cerrar La Vega. «Es evidente que se ha conseguido el futuro industrial de la fábrica y Asturias está liderando el sector, pero las formas y el proceso no fueron los adecuados. Con otro tipo de proceso no estamos como estamos ahora, con la fábrica igual de vacía», valora Caunedo.

La parte social se muestra más crítica: «Se cambió el modelo de empresa. Trubia está centrado en el soldadura y calderería. El mecanizado de piezas pequeñas lo están subcontratando. De lo que venía aquí de La Vega no queda ni un 3%», concluyen.

En estos momentos, el futuro inmediato de la factoría de la villa cañonera se prevé dulce. Santa Bárbara lidera la sociedad -junto a Indra, Sapa y Escribano- que fabricará 348 unidades del VCR 8x8 Dragón por 2.100 millones de euros para el Ejército de Tierra; también fabrican el blindado Ascod para Filipinas; el Ajax para los ingleses; y el vehículo Castor para el Ministerio de Defensa español.