La Audiencia abre la puerta a recuperar otros 120 millones de fondos mineros de 2012 y 2013

La sentencia de la Audiencia Nacional que rechaza el recurso del Gobierno central y abre la puerta a que Asturias reciba hasta 213 millones de euros correspondientes a fondos mineros impagados de 2011 puede ser el punto de partida de más buenas noticias para la comunidad. El Ejecutivo regional tiene en marcha otras dos iniciativas legales que, en caso de aplicarse esta misma doctrina, reportarían a las arcas públicas alrededor de 120 millones extra. Son las cantidades correspondientes a los convenios de 2012 y 2013 también liquidados por el gabinete de Mariano Rajoy.

En el caso de los convenios de 2012, ya está planteado un recurso ante el juzgado central de lo Contencioso-administrativo para intentar recuperar 56 millones de euros. El Principado también ha efectuado una reclamación previa de las ayudas sin abonar correspondientes al año 2013, que ascienden a 68 millones. El Ejecutivo regional confía en un pronunciamiento favorable de los tribunales en ambos casos.

Las reacciones al fallo se sucedieron ayer. La más vehemente fue la de Foro, que inició el trámite judicial en la etapa de gobierno de Francisco Álvarez-Cascos. El senador Isidro Martínez Oblanca responsabilizó del tijeretazo tanto al PSOE como al Partido Popular y elogió el papel jugado por su formación en este asunto. «¿Qué hubiera ocurrido con los fondos mineros sin Foro? Este es el mejor ejemplo de la diferencia entre defender los intereses de Asturias o estar calentando el escaño y no hacer nada», dijo de socialistas y populares.

Recordó Oblanca además las críticas del hoy presidente regional, Javier Fernández, a Cascos, afeándole su estilo «babayón» cuando presentó los recursos, y las del PP a Foro tildando a sus dirigentes de «asaltaescaños» por abordar en el Congreso a los ministros de Industria y Hacienda para reclamarles el pago de los fondos pendientes. «Quienes dijeron aquello tienen en esta sentencia la muestra de cómo trabajar por Asturias», indicó.

PSOE y PP también se pronunciaron. Los primeros, para anunciar una iniciativa en el Congreso en la que se solicita la ejecución a la mayor brevedad de la sentencia, costeándola a través de un crédito extraordinario. Los segundos, para afirmar que aplicarán el fallo, aunque matizando que todos los convenios, hasta llegar a 213 millones, «no son iguales», y que «los convenios que sean susceptibles de cumplimiento tendrán cumplimiento».