La oposición pone bajo sospecha la gestión de los fondos mineros y reclama una investigación

¿Cuál es el origen de los 1,4 millones de euros que José Ángel Fernández Villa mantenía ocultos al fisco y que regularizó en la amnistía de 2012? ¿Tienen una explicación plausible o su procedencia es ilícita? Son preguntas a las que en este momento intenta buscar respuesta la Fiscalía Anticorrupción, que se ocupa de la vertiente judicial del asunto. Pero también hay una derivada política que, con la precampaña electoral ya lanzada, promete dar mucho juego. A expensas de datos concretos, de evidencias, nadie se lanza a hacer acusaciones directas, pero hay una cuestión que está en el punto de mira de prácticamente todos los partidos: la gestión de los fondos mineros.

Dos formaciones han dado ya pasos muy concretos para pedir que se haga un rastreo minucioso y detallado de la forma en que se ejecutaron y gastaron esos fondos mineros destinados a mitigar el descenso de la actividad en los pozos y buscar alternativas de reactivación para las cuencas. La primera en mover ficha fue Izquierda Unida, que a través del diputado por Asturias Gaspar Llamazares ha pedido una investigación de la actividad del Instituto del Carbón en estos años. Para la coalición, las instituciones de control no han funcionado y, por tanto, «no han garantizado» que el destino final de esos recursos «responda a sus objetivos y finalidades».

Ayer también movió ficha UPyD, quizá la formación que desde que estalló el 'caso Villa' está manteniendo el discurso más beligerante. Lo hizo su diputado en la Junta General, Ignacio Prendes, que instó a poner en marcha lo que su formación ya reclamó en la Junta General en 2012, sin resultado práctico: una auditoría de los fondos mineros. El volumen de gasto a través de estas partidas supera los 1.500 millones de euros y es necesario que tanto el PSOE -partido prácticamente hegemónico en Asturias en la etapa reciente- como el propio Gobierno «den cuenta de qué se ha hecho con ese dinero».

UPyD está dispuesta a ir hasta el final a través de las herramientas que permite la política para llevar a cabo este tipo de investigaciones, sin limitarse -aunque respetándolas escrupulosamente- a las pesquisas judiciales. «Hay mecanismos para exigir esa rendición de cuentas y nosotros queremos llegar hasta el fondo de este asunto», apuntó Prendes, que hizo reiteradas alusiones a esa exigencia que planteó hace dos años de rastrear esos fondos en busca de posibles «desviaciones». Pero en este tiempo, lamentó, nada se ha hecho en ese sentido.

Considera la cúpula de la formación magenta que el escándalo es «muy grave» y que la forma en que los socialistas lo están gestionando es «sonrojante». Indicó Prendes que su partido no consentirá que el PSOE trate de «echar balones fuera» presentando este caso como algo circunscrito a la persona de Fernández Villa, como si en todos estos años no hubiera sido un pilar central tanto del PSOE como del sindicato hermano, el SOMA. Y tildó de «patético» que el secretario general y presidente del Principado, Javier Fernández, se pregunte en público por la existencia de «eventuales cooperadores» cuando estos, dijo Prendes matizando que se refería a cooperadores «políticos», son quienes gestionan y han gestionado tanto el partido como el Gobierno y el sindicato. «Es un sarcasmo», añadió, remarcando que estos hechos les afectan de forma muy directa.

«Sin ataduras»

Es evidente que el 'caso Villa' puede tener un impacto directo sobre las expectativas electorales del PSOE y eso puede influir también sobre el resultado del resto de formaciones. El diputado no quiso ayer entrar con detalle en ese análisis pero sí señaló que su partido tiene «buenas expectativas» de cara a los comicios de mayo. Es así, añadió, porque en la región «hace falta» una opción política «sin ataduras en el pasado ni una mochila al hombro».

Sobre la polémica también se pronunció el líder de Foro, Francisco Álvarez-Cascos, que reclamó a aquellos que tengan información sobre el asunto, «a aquellos que tienen obligación de darla», que la desvelen para poder depurar responsabilidades políticas. «Pido información a los que tienen la obligación de darla y, a partir de esta información, si es oportuno y si está justificado, habrá que depurar las responsabilidades políticas correspondientes», subrayó en un momento de su visita a Cangas del Narcea.