Prendes pide la dimisión de Torre por la falta de control de los fondos mineros y del Montepío

La comisión de investigación del 'caso Villa' se creó para abordar dos hechos concretos y la posible existencia de una vinculación entre ambos. Por un lado, el origen de la fortuna oculta del ex líder del SOMA. Por otro, la gestión de los fondos mineros y singularmente la construcción del macrogeriátrico del Montepío. El borrador de conclusiones elaborado por el presidente del órgano, el diputado de UPyD Ignacio Prendes, presentado ayer en la Junta, apenas profundiza en el primero de los asuntos pero sí llega más al fondo en el segundo. El documento no aporta hipótesis alguna sobre la forma en que los 1,2 millones de euros de la discordia acabaron en el bolsillo de José Ángel Fernández Villa, en vista de que la información que se manejó fue muy escasa y la colaboración de los comparecientes, nula. Sí entra con detalle en el manejo de los fondos mineros, advirtiendo de la falta de control en su administración, y es contundente al anotar la existencia de indicios de delito en torno a la residencia de Felechosa. En el capítulo de responsabilidades se apunta al consejero de Economía, Graciano Torre.

El desarrollo de la 'comisión Villa' ha sido turbulento y la negociación de las conclusiones, a partir de este borrador inicial, seguirá el mismo camino. Los plazos son ajustadísimos porque si el texto final quiere votarse en el último pleno del día 20, debe pasar antes por la junta de portavoces del 16. Eso deja una semana para el diálogo, con una última reunión de trabajo convocada para el viernes.

El texto evidencia la imposibilidad de atisbar el origen de la fortuna de Villa. Sí descarta, por el tiempo transcurrido, que esté en el dinero que pudo haber cobrado de Hunosa con los famosos cheques de los comités intercentros. Pero se queda ahí. Ni los comparecientes aportaron dato alguno ni las peticiones de información fructificaron -ayer se confirmó que la Agencia Tributaria no aportará datos de sus declaraciones fiscales- así que la investigación, a expensas de su derivada judicial, muere ahí. Prendes sí cree que hay una «concatenación de hechos» -la residencia de Felechosa; el encargo de la obra a un constructor afín al presidente del Montepío, José Antonio Postigo, y por tanto a Villa; que ambos regularizaran dinero justo un año después de acabarse el proyecto...- que sugieren que los fondos podrían haber salido de ahí, pero no tiene pruebas y no lo plasma en el texto.

La gestión de los fondos mineros sí da para más, pese al reproche que Prendes hace al «obstruccionismo» de gobiernos, sindicatos y organismos a la hora de dar información. El texto destila la convicción de que el control de su manejo ha sido muy insuficiente, criticando que ninguna administración haya realizado evaluaciones «exhaustivas» de su ejecución. Es por ello que se plantea la realización de una auditoría externa, por encargo del Principado, y otra del Tribunal de Cuentas.

Pero donde de verdad hurga este dictamen es en la obra de Felechosa, planteando la «ilegalidad» de la operación. Habla de la adjudicación de fondos públicos -30 millones de euros- a una entidad privada «contraviniendo lo establecido en la normativa reguladora de estas ayudas» en lo que podría constituir, se especifica, un delito de falseamiento u ocultación de las condiciones requeridas para otorgar una subvención.

A partir de ahí, la vía de actuación que plantea Prendes es doble. Por un lado, insta a trasladar el expediente del geriátrico al Tribunal de Cuentas para que determine si hay responsabilidad contable y a la Fiscalía del TSJA para que aclare «la posible existencia de fraude en el cobro de subvenciones u otros delitos relacionados». Y luego están las responsabilidades políticas. Prendes apunta a Torre en su calidad de «responsable del control de la aplicación de los fondos mineros». Alude a su presencia en los órganos que dieron de paso la obra del Montepío, «aceptando el desvío de una partida destinada a reforzar las infraestructuras en las comarcas mineras para favorecer a una entidad privada» y «sin que se tomase garantía ni control alguno de la correcta aplicación de los fondos públicos». Y urge su reprobación en forma de «inmediata dimisión».

Dado que el texto trasluce un mensaje crítico con el peso jugado por los sindicatos en la gestión de los fondos mineros, hay una censura política al comportamiento de Villa y del representante de CC OO en la mesa de la minería que aprobó el proyecto de Felechosa, Maximino García. En el caso de Postigo, Prendes ve «suficientes indicios de la posible obtención de un beneficio particular» con la obra de Felechosa y afea a la comisión regional de la entidad «una falta de diligencia en el control». La posibilidad de actuar contra Carlos Fernández, del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, quedará en manos del Ejecutivo central.