Barbón y Mallada se enzarzan a cuenta de la polémica del 'pin parental'

La polémica del 'pin parental' entró ayer de lleno en la escena política asturiana. El presidente del Principado, Adrián Barbón, y la portavoz del PP en la Junta, Teresa Mallada, se enzarzaron en una discusión en Twitter a cuenta de un asunto que ha supuesto la primera gran batalla entre izquierda y derecha de la legislatura.

Para entender la conversación de los dos líderes políticos hay que remontarse a la jornada del jueves, cuando la ministra de Educación Isabel Celaá anunció que el Gobierno iba a llevar a los tribunales al Ejecutivo autonómico de Murcia si no retiraba el 'pin parental'. Se trata de una iniciativa de Vox, que sostiene el Gobierno de Murcia que integran PP y Ciudadanos, por la que pretenden que los centros educativos informen a los padres de todas las actividades en las que participen sus hijos, dándoles la opción de vetar su presencia si los contenidos referidos a educación afectivo sexual y violencia de género no concuerdan con la ideología de los progenitores. Celaá, en sus declaraciones públicas, afirmó que se trata de una medida que «vulnera el derecho fundamental a ser educado. Los hijos no son de los padres».

Esta última frase provocó una airada reacción del presidente del PP, Pablo Casado, quien publicó un tuit en el que se podía leer: «Mis hijos son míos y no del Estado, y lucharé para que este Gobierno radical y sectario no imponga a los padres cómo tenemos que educar a nuestros niños. Saquen sus manos de nuestras familias». Entre las miles de respuestas que recibió el líder de los populares estaba la del presidente del Principado, Adrián Barbón, quien dejó clara su postura. «No doy crédito. Tener hijos no te hace dueño de ellos, por supuesto que no... ¿o acaso un padre o una madre que maltrata a sus hijos puede hacer con ellos lo que quiera», se preguntaba Barbón. La respuesta llegó de la líder de la oposición en Asturias. «La que no doy crédito soy yo. Usted, que fue educado por las monjas del San José de Sotrondio ¿nos va a decir a los padres asturianos cómo educar a nuestros hijos solo por hacer la pelota a Sánchez? ¿Ustedes, que en las cuencas tienen a sus hijos en colegios concertados católicos?».

Teresa Mallada, siguiendo la línea argumental expresada por el presidente de los populares, volvió con un segundo tuit. «¿Nos está diciendo que nuestros hijos son del Estado? Lo que ustedes buscan es adoctrinarlos, pero esto no es una dictadura, señor Barbón».

La acalorada conversación de los dos líderes políticos se enmarca en un debate ideológico más amplio que ha llevado a la primera gran batalla de la legislatura y en la que emerge la figura de Vox. El 'pin parental' fue una de sus grandes propuestas de campaña. En su página web cuentan con un formulario que pueden utilizar los padres y cuyo argumentario explica el contenido de la medida. El veto que plantean a las actividades no solo se refiere a las extraescolares, también a lo que se denomina actividades complementarias, que se imparten en horario lectivo, son obligatorias para todos los alumnos y evaluables.

La libertad de elección en la educación que quieren ejercer sobre sus hijos y que esgrimen los partidarios de esta medida choca, a juicio del Gobierno, con la de los propios niños. «La pretensión de que las familias conozcan de forma anticipada las actividades y autoricen a sus hijos es una objeción de conciencia encubierta que podría aplicarse a contenidos curriculares y que va en contra de la legislación española», señaló Celaá en unas declaraciones que no parecen haber amedrentado a Vox. Su portavoz en la Junta del Principado, Ignacio Blanco, anunció ayer que su grupo presentará una proposición no de ley sobre este asunto para que se debata en el próximo pleno extraordinario. Blanco, que conminó a PP y Ciudadanos a que expresen su postura sobre esta medida, se ampara para defenderla en la Constitución. Concretamente en el artículo 27.3 que establece la obligación de «garantizar» a los padres que sus hijos reciban la formación moral y religiosa acorde a sus propias convicciones. «Las escuelas están para enseñar, no para adoctrinar», afirmó.

Desde las filas de los populares no quisieron entrar a calificar una «iniciativa parlamentaria de la que desconocemos su contenido», afirmó Teresa Mallada. No obstante, sí quiso marcar terreno en lo que a libertad educativa se refiere. «Nadie puede dar lecciones al PP en lo que se refiere a defender la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos. No permitiremos que el Estado suplante a las familias en la educación de nuestros hijos», afirmó.

Desde Ciudadanos sí que fijaron posición. Su secretario de Organización, Sergio García señaló que su formación está «en contra de esta medida. Nuestro voto siempre será en contra allí donde se quiera retroceder en derechos y libertades civiles». Las declaraciones llegan después de que el partido en Murcia haya congelado la inclusión de esta medida por las dudas que se ciernen sobre su legalidad. «Estamos de acuerdo con una enseñanza libre de sectarismos», afirmó Sergio García.