Los concejos se plantan y reclaman al Gobierno flexibilizar la regla de gasto y usar el remanente

La presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (Facc), Cecilia Pérez, se pronunció ayer sobre la polémica suscitada por la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda para gestionar el remanente de tesorería de los ayuntamientos. Montante que asciende a 15.000 millones en total y 500 en el caso de los municipios asturianos, pero que el Gobierno quiere administrar y aportar -5.000 millones- solo un 35% de los fondos entre 2020 y 2021, mientras que el resto lo devolvería en diez años.

Pérez recordó que la comisión ejecutiva de la Facc aprobó por unanimidad, el pasado 5 de mayo, un documento que recoge las iniciativas propuestas por los ayuntamientos asturianos para la reconstrucción económica. Entre las medidas incluidas «se encuentra la necesidad de flexibilizar la regla de gasto y permitir que las entidades locales puedan destinar el superávit y el remanente de tesorería tanto para gasto corriente como para inversiones».

La presidenta de la Facc y alcaldesa socialista de El Franco recalcó que «este es el único acuerdo vigente de la entidad sobre esta materia y cualquier propuesta que difiera de los términos planteados será analizada por una comisión ejecutiva que se convocaría a tal efecto». Hay que recordar que el preacuerdo alcanzado por Hacienda y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, además de limitar la aportación, condiciona el destino del remanente a ciertas parcelas, como la vivienda de alquiler, los cuidados de proximidad y la cultura. Ante estas exigencias, el PP e IU de Asturias expresaron el viernes su rechazo a un plan que calificaron como «un chantaje», puesto que los municipios deben prestar su remanente a la Administración General del Estado, del cual solo recibirían 2.000 millones este año y 3.000 el próximo, y no podrían emplearlo a su libre albedrío para la reactivación económica.

Estos serían ingresos no financieros, pero Hacienda no especificó cómo devolvería el resto del dinero en el plazo de una década. Pérez recalcó que no tiene «ninguna información oficial sobre los términos en los que la FEMP está negociando con el Gobierno». Una negociación que, no obstante, «continúa abierta», por lo que «aún pueden producirse cambios en los planteamientos que han trascendido». Así las cosas, consideró aconsejable esperar a conocer la literalidad de la propuesta antes de fijar un posicionamiento al respecto. Precisamente, esta semana está prevista la reunión de la junta directiva de la FEMP que se aplazó el viernes para abordar este tema.

Asimismo, la presidenta de la Facc aseguró que era consciente de «la polarización que se está generando en el municipalismo en torno a esta cuestión». A pesar de los desencuentros, manifestó su confianza en que finalmente «pueda alcanzarse el mayor de los consensos posibles». También quiso expresar su «máximo respeto» a la autonomía local y a la opinión que cada alcalde o equipo de gobierno pueda tener sobre este asunto.