El Principado impulsará la acería verde de Arcelor «como proyecto tractor de Asturias»

El proyecto, avanzado el martes por EL COMERCIO, no solo aseguraría el futuro de la división de largos de Gijón, sino que sería la llave de entrada para el nuevo proceso de producción de acero verde en la región e implicaría al tejido industrial de todo el territorio a través de una empresa mixta, de capital público privado. Sobre este tipo de sociedad, Barbón restó importante al hecho de que el Estado pudiera contar con la mayoría del accionariado de la empresa y, como consecuencia, con capacidad para dirigirla. «Lo esencial no es quien dirige, sino que en la aplicación de los fondos esté el Estado porque garantiza que llegan a buen puerto y que la actividad se mantendrá en Asturias», argumentó. Y, ante los recelos que esto pueda generar a ArcelorMittal, se mostró optimista. «Las empresas ya están pensando en clave de competitividad, en sostenibilidad y en cumplimiento de las medidas que impone la UE. Están pensando en que lo tienen que hacer sí o sí, y que estratégicamente para Europa es importante tener esta producción», anotó Barbón, si bien entiende que de nada servirán estos esfuerzos si de forma paralela no se establece un arancel medioambiental para gravar al arancel sucio. «Esa fue mi primera petición como presidente», recordó.

Al margen de las conversaciones con ArcelorMittal para la acería eléctrica, Barbón aseguró que se trabaja de forma paralela con otras empresas con el objetivo de que Asturias tenga no uno, sino varios proyectos estrella con cargo a estos mismos fondos.

Negó, eso sí, que el Principado vaya con demora en relación a otras comunidades en cuanto a la presentación de los proyectos que aspiran a recibir este tipo de ayudas europeas. «No van por delante, no hay aún ni una oficina ni nada para presentar estos proyectos», insistió el presidente, quien entiende que a pesar de que la principal partida procedente de los fondos comunitarios será gestionada directamente por el Gobierno central para la financiación de proyectos tractores, «no debe verse como una competición entre comunidades porque va a haber un reparto territorializado». Espera el líder socialista, en todo caso, que se tengan en cuenta las infraestructuras de las que ya dispone cada territorio, como es el caso de la regasificadora de Gijón, a la que espera «dar una solución en este mandato». Pero, además, confía en que exista por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez una «especial sensibilidad» con Asturias como, dice, la ha tenido en los presupuestos nacionales.

El jefe del Ejecutivo autonómico no ocultó, por otro lado, sentirse «decepcionado» con la propuesta final del estatuto del consumidor electrointensivo presentado por el Ministerio de Industria al entender que en ningún momento favorece a las grandes multinacionales asentadas en Asturias. «Cuando estoy en desacuerdo lo digo alto y claro. No pido para la industria asturiana nada diferente de lo que tiene la industria de Alemania o de Francia». Motivo por el que tampoco le convence que el departamento que encabeza Reyes Maroto se ampare en el cumplimiento de la «normativa comunitaria» para no atender las demandas recogidas en las alegaciones conjuntas presentadas por los Gobiernos de Asturias, Galicia y Castilla y León, en las que se reclamaba una discriminación positiva para los grandes consumidores. «Si Francia y Alemania están aplicando medidas que no cumplen con la normativa comunitaria, que lo denuncien», le retó.

Durante la entrevista, Barbón sí reconoció que las condiciones más beneficiosas de las que disfruta la industria electrointensiva asentada en Alemania también son viables gracias a un acuerdo alcanzado en este país por el que, parte de las los cargas y tributos asociados a la factura eléctrica, se han traspasado al consumidor. E, incluso, no dudó en abrir el debate al entender que el Gobierno central debería «valorar» si para mantener la sostenibilidad de miles de empleos «sería un bien aceptable, o un sacrificio que el conjunto de la sociedad podría entender».