La Fiscalía apoya investigar «todos» los contratos de Podemos con Neurona

Los contratos electorales de Podemos con la consultora Neurona, lejos de archivarse, siguen bajo el foco de la Fiscalía y del juez de instrucción de Madrid. En un recurso conocido ayer, el Ministerio Público recordó a la formación liderada por Pablo Iglesias que la principal vía de investigación en estos momentos es determinar si el partido cometió delito electoral, por lo que indica que es razonable investigar «todos los contratos» que haya firmado con la consultora antes de los comicios de 2019.

La Fiscalía apunta que el hecho de que se hicieran pagos a esa sociedad presuntamente ficticia, 363.000 euros, «obliga a realizar una mínima investigación». Y añade que puede darse el caso de que esta indagación puede redundar en interés de Podemos por cuanto podrían extraerse conclusiones en beneficio del mismo tanto en relación a la existencia o no de Neurona como de los contratos firmados.

En su recurso también avisa a la formación morada de que los hechos puestos de manifiesto en la denuncia originaria del exabogado del partido, José Manuel Calvente, sobre la consultora y la documentación aportada a la causa por el Tribunal de Cuentas, «no han sido desvirtuados a día de hoy tras la práctica de diligencias». «Todo ello, añade, casi siete meses después de iniciar las investigaciones sin que haya sido posible determinar qué trabajadores tuvo Neurona, cuánto tiempo trabajaron en España, si se desplazaron desde México y cuándo y dónde se hospedaron. Una información de fácil acceso que no ha sido facilitada», recrimina el fiscal del caso.

Por el contrario, el acusador público sí respalda el archivo decretado por el juez de la investigación, Juan José Escalonilla, en relación a las obras en la sede de Podemos al no ver delito de administración desleal. Entiende que los testigos interrogados al respecto han dado «cumplida explicación» del desfase entre el proyecto inicial de reforma y la ejecución, y añade que el hecho de que haya diferencias de ese tipo es «frecuente en la ejecución de obras». Subraya que el propio arquitecto declaró que el precio fue ajustado, incluso bajo, y que se realizaron pocas mejoras.

Respecto al recurso de Vox, personado como acusación popular, que pedía continuar investigando las obras, el fiscal responde que no existe elemento alguno que corrobore el sobreprecio denunciado por Calvente. Le recuerda que «sostener la administración desleal con sobreprecio llevaría a considerar a todos los testigos como cooperadores necesarios», y eso no lo plantean ni en su recurso porque «no existe indicio alguno de connivencia en establecer precios fuera de mercado».