Foro, un partido con sede en los juzgados

El batacazo electoral que sufrió el partido con Moriyón como candidata, quedando reducida su presencia en la Junta a dos diputados y perdiendo su principal bastión, Gijón, fue el germen de la profunda crisis en la que está inmersa hoy esta formación. Los reproches por los malos resultados obtenidos en las urnas, la drástica disminución de ingresos por la pérdida de representación institucional y la inminente necesidad de reducir los gastos, pero también las diferencias ideológicas, no hicieron más que ahondar las diferencias entre los sectores encabezados por el fundador del partido y la exalcaldesa de Gijón, ahora enemigos irreconciliables, que han trasladado su particular guerra a los tribunales.

La revisión de las cuentas por parte del equipo de Moriyón reveló importantes deudas acumuladas y el elevado gasto que Álvarez-Cascos suponía para las ahora ajustadas arcas del partido, incluso pese a que había abandonado la primera línea. La presencia en la contabilidad de gastos de carácter personal atribuidos al expresidente, pero también a su familia, y de difícil justificación para la actual dirección, al tiempo que numerosos proveedores llamaban a la puerta del partido para reclamar sus deudas, hizo a Moriyón temer por la viabilidad económica del proyecto, pero también por su propia reputación y prestigio personal como máxima responsable actual de la formación. Revertir esa situación se convirtió en su principal objetivo y ordenó, en primer lugar, cortar el grifo.

De forma paralela, adoptó una serie de decisiones en relación a la Comisión Directiva dejando al sector 'casquista' en una posición minoritaria en la ejecutiva. La dimisión de Cascos como vicepresidente del partido (manteniéndose como vocal) con un durísimo ataque público hacia Moriyón, acusándola de pretender cambiar el rumbo de Foro y su ADN con la incorporación en la ejecutiva de partidarios de la oficialidad del asturiano, hizo saltar por los aires la organización.

La historia a partir de ahí es bien conocida. El sector crítico considera ilegítima a la actual Comisión Directiva, lleva meses sin participar en sus reuniones y ha pedido en los juzgados –a través de dos denuncias– la anulación de todas las decisiones adoptadas por este órgano, si bien le fueron denegadas las medidas cautelares. Se sorprenden los 'casquistas', por otra parte, de que se hable de una deuda económica que rondó a finales de 2019 los 350.000 euros –aunque se espera que se rebaje a los 83.000 euros este verano– cuando el expresidente del partido y afín al exministro, Pedro Leal, presume de haber dejado el cargo en 2018 en manos de Moriyón con 184.293 euros en la cuentas bancarias, por lo que atribuye la situación actual a su mala gestión. El equipo de Moriyón, por contra, responde que no están teniendo en cuenta las deudas que dejaron pendientes. Los críticos, que no dan por buenas las últimas reuniones de la Comisión Directiva, donde se aprobó el presupuesto que ellos habían rechazado previamente, han interpuesto además una denuncia contra el secretario general, Adrián Pumares, por incumplimiento de mandato y rendición de cuentas.

El equipo de Moriyón se ha propuesto como principal objetivo dejar saneadas las cuentas, pero también depurar responsabilidades. El primer paso fue encargar una auditoría externa como base para la pertinente demanda, pero también por el interés político de demostrar a la militancia –dividida entre ambos sectores– y a la sociedad en general lo que Moriyón ya ha calificado de «graves irregularidades» por parte de Cascos.

Se pretende así también frustrar cualquier posible maniobra por parte de quien fuera vicepresidente del Gobierno en la etapa de José María Aznar para acercarse al PP y tratar de diluir a Foro en esta formación. Y es que aunque la actual dirección no acepta las acusaciones por parte de Cascos sobre su giro hacia la izquierda, tampoco oculta de puertas para dentro su rechazo a este tipo de integración en las filas populares e, incluso, es evidente su voluntad de mejorar las relaciones con el PSOE.

Álvarez-Cascos, molesto ya con las primeras insinuaciones que se hicieron sobre sus elevados ingresos, interpuso una demanda por vulneración del derecho al honor contra miembros de la actual cúpula del partido. En su defensa, los actuales dirigentes de Foro aportaron al juez una extensa documentación en relación al rédito económico que el expresidente obtuvo del partido.Documentos extraídos de la auditoría que servirá para sostener la demanda anunciada esta semana contra Cascos por un presunto delito de apropiación indebida y malversación de fondos públicos y que acreditan, entre otras cuestiones, el pago de 174.000 euros a una sociedad dirigida por María Porto, su exmujer, por el alquiler de una oficina en el paseo de la Castellana como sede en Madrid de la que la actual dirección dice desconocer su existencia.

La querella que se presentará en cuestión de días en el juzgado también reclamará a Cascos el reintegro de los gastos que cargó al partido al margen de sus retribuciones y que Foro entiende ahora injustificables. Se trata de facturas de hoteles, licencias de pesca, de caza, la tasa del psicotécnico de armas, libros, zapatos, gastos judiciales generados en el 'caso Gürtel', facturas del teléfono de sus hijos o la reparación de un vehículo familiar, entre otras.