El Gobierno ignora las exigencias de Asturias y prima la población para reformar la financiación

La propuesta trasladada ayer a las comunidades es la primera sobre la que negociar el nuevo modelo de financiación. Un proceso que se prevé largo -hay dirigentes autonómicos que están convencidos de que no habrá acuerdo esta legislatura- y tenso y que a buen seguro habrá muchas propuestas todavía que se presentarán.

En esta propuesta inicial, recogida en un documento de 240 páginas, el departamento que dirige María Jesús Montero plantea un nuevo sistema de reparto de fondos en el que la población ajustada a factores demográficos (población en edad escolar, estudiantes universitarios y población más envejecida) sea el principal criterio para fijar el reparto. De esta forma, a la hora de asignar los fondos a cada comunidad se partirá de la población de cada una de ellas, aunque se mantienen distintos factores de corrección para evitar grandes diferencias entre las regiones más ricas y las menos, como son los de insularidad o dispersión para determinar el coste de los servicios públicos.

La introducción de esta última variable era lo que exigían las comunidades con problemas de despoblación (Asturias, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, La Rioja y Cantabria), cuyos presidentes se reunieron la semana pasada en Santiago de Compostela convocados por el gallego Alberto Núñez Feijóo. En esa cumbre reivindicaron que el criterio de la dispersión demográfica fuera el que primase en la reforma del modelo de financiación y que esto se tradujera en una mayor inyección presupuestaria que compense el coste de los servicios en estas zonas con población alejada y aislada.

Estas regiones, de distinto signo político, abarcan el 62% del territorio, pero agrupan al 24% de la población.

Actualmente, las variables demográficas como la población total o mayor de 65 años son las que tienen más peso frente a los factores geográficos como la dispersión o la insularidad. Ahora el departamento que dirige Montero plantea modificar los pesos del primer grupo de elementos, e introducir correctivos para tener en cuenta el envejecimiento y la despoblación.

El informe, incluye un examen de múltiples variables y argumenta los motivos técnicos que llevan a escoger unos parámetros en vez de otros. Hacienda defiende que su propuesta considera que la población ajustada es la variable más representativa de las necesidades de gasto, algo sobre lo que «existe notable consenso».

No obstante, sostienen que es necesario mejorar la fórmula de cálculo y reparto por tipología de gasto. El Gobierno también ha analizado «empíricamente» la distribución del gasto autonómico para establecer nuevos porcentajes de reparto por funciones. Desde indicadores básicos de necesidades de gasto de las comunidades en sanidad, educación y servicios sociales, hasta gastos en otros servicios.

En sanidad, el actual modelo de financiación calcula la población ajustada en siete tramos de edad y aplicando coeficientes que reflejan los costes que la sanidad tiene en función de los años. En la nueva propuesta, los grupos se dividen en tramos de edad quinquenales, lo que supone pasar de siete a 20 grupos. «De esta forma se puede precisar mucho más el coste real sanitario existente por franjas etarias», explica el texto.

La propuesta también contempla una actualización de los coeficientes aplicables y las fuentes de información. Por ejemplo, se tiene en cuenta la distribución del gasto asistencial relativo a los servicios hospitalarios y especializados; servicios primarios de salud, farmacia y consumo en prótesis o traslados.

Hacienda también defiende que se incorporen las necesidades en materia de educación para etapas universitarias o de Formación Profesional. La ponderación del gasto en educación también se incrementaría hasta una horquilla que varía entre el 25-30%, siendo la educación no universitaria un 75-80% de la misma y la universitaria, el resto.

El Ministerio advierte de que el documento «no sale de la nada», y espera las aportaciones de las comunidades «sujetas al debate y la negociación», cuyo plazo para recibirlas fija «a lo largo del mes de enero».

Las variables correctivas apenas varían en la propuesta remitida ayer respecto al actual sistema de financiación. La superficie, insularidad, dispersión geográfica, despoblación y costes fijos tendrán una ponderación del 3% o 4%. En el modelo vigente es del 3%, por lo que su peso apenas se ve incrementado.

Mientras algunos dirigentes autonómicos ya han salido a hacer una primera valoración a la propuesta, como es el caso del consejero de Hacienda valenciano, desde el Principado se ha optado por la cautela, a la espera de estudiar a fondo la propuesta ministerial, que no prima las exigencias consensuadas con los grupos políticos y que Barbón ha defendido, junto a las otras siete regiones que representan a la España vaciada.

Sin embargo, uno de los presidentes aliados de Asturias en su posición respecto a la financiación autonómica, como es el caso del cántabro Miguel Ángel Revilla, no dudó ayer en afirmar que tras un primer análisis la propuesta del Ministerio de Hacienda «suena mal».

En la otra parte, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, autonomías que apostaban, debido a su mayor población, por un sistema que primara el número de habitantes, hubo reacciones opuestas. Mientras el presidente valenciano, Ximo Puig, y su consejero de Hacienda celebraban como una «victoria colectiva» la base de la propuesta, desde la Junta de Andalucía se mostraban más cautos y señalaban que «el problema de la infrafinanciación persiste».