La Junta congela el sueldo a los diputados

La Junta General congela los sueldos de los diputados y las asignaciones de los grupos parlamentarios para 2021. De este modo, y como consecuencia de la complicada situación económica que se atraviesa, los parlamentarios mantendrán las mismas retribuciones que recibieron durante 2020 y que oscilan entre los 5.289,89 euros brutos al mes que percibe el presidente de la Cámara, Marcelino Marcos Líndez, y los 4.235,32 euros que reciben los diputados con dedicación exclusiva, pero que ni ejercen de portavoces ni ostentan responsabilidades en la Mesa de la Cámara. En la actualidad no hay diputados sin dedicación exclusiva en la Junta General.

Los portavoces parlamentarios acordaron ayer, en su reunión semanal, no aplicar en las remuneraciones de sus señorías -tal y como suele ser habitual- la subida prevista para los funcionarios y empleados públicos en los Presupuestos Generales del Estado y que, en esta ocasión, está establecida en un 0,9%. «No se aprobó porque, lógicamente, ni es el momento ni corresponde ahora», resolvió la portavoz de IU, Ángela Vallina, en línea con el resto de las fuerzas. No obstante, tampoco se aprobó la propuesta planteada por Podemos para rebajar los salarios de los diputados, que se llevan al año 2,6 millones del presupuesto de la Junta. Concretamente, la formación morada planteó establecer el tope salarial en los 1.980 euros, por encima de dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero su propuesta no recibió ningún apoyo. «Solo faltaría que hoy, que se están cerrando los comercios, los diputados aprobasen una nueva subida salarial. Pero se ha perdido una nueva oportunidad para reducir la brecha entre lo que cobran los ciudadanos y los diputados que, en un momento de crisis, seguimos siendo privilegiados», admitió el secretario general de Podemos, Daniel Ripa. Tampoco consiguió esta formación que saliera adelante su propuesta de reducir un 30% la asignación anual de los grupos parlamentarios, aunque esta iniciativa sí contó con el visto bueno de Vox. En la actualidad, cada uno de los siete grupos recibe una asignación mensual de 19.680 euros (236.160 euros anuales), a la que hay que sumar otra variable en función del número de diputados, a razón de 2.500 euros por parlamentario y mes (30.000 euros por diputado), lo que supone un presupuesto para asignaciones a fuerzas políticas de 3 millones al año.

Por otro lado, se acordó trasladar al próximo pleno la votación de la tramitación en lectura única del proyecto de ley del Gobierno de autorización de endeudamiento por un importe máximo de 74 millones para hacer frente a las necesidades de financiación generadas por el déficit con el que Asturias cerró el ejercicio 2019. Se trata de la cuantía que el Principado ya había anunciado que solicitará al Estado a través del mecanismo de endeudamiento que el Ministerio de Hacienda ha puesto a disposición de las autonomías con cargo al Fondo de Facilidad Financiera.

El Principado se ha visto obligado a llevar al pleno este trámite -previo al debate y aprobación de la propia ley, que tendrá que esperar a la siguiente sesión plenaria- al no lograr la unanimidad que se requiere en la junta de portavoces para agilizar la tramitación. Vox votó en contra al interpretar que se pretende hacer un «cambio de cromos» con el Gobierno central que, por otro lado, se niega a devolver a Asturias la liquidación del IVA de 2017 por una cuantía similar.

También se llevará al pleno de la próxima semana la toma en consideración de una proposición de ley del PP para dar entrada a la iniciativa privada en la inspección técnica de vehículos (ITV) con el objetivo de desbloquear el atasco que existe actualmente en este servicio.

Además, se inició el proceso de renovación del representante de la Junta General del Principado en el patronato de la Fundación Cajastur Liberbank, un cargo que ocupa el catedrático de Derecho del Trabajo Jaime Montalvo y que, a juicio de Daniel Ripa, «lleva un año desaparecido».