Sánchez admite ya que harán falta unos Presupuestos «de reconstrucción» cuando pase la crisis

No lo ha dicho abiertamente, pero de las palabras pronunciadas por Pedro Sánchez se deduce ya que la idea de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado para 2020, a la que aún se aferraba la semana pasada, ha quedado muy superada por los acontecimientos. El presidente del Gobierno, que este martes compareció tras una reunión del Consejo de Ministros celebrada para aprobar un paquete de estímulos económicos sin precedentes contra la crisis del COVID-19, admitió que cuando todo haya pasado y se haya «vencido al virus» será necesario presentar unas cuentas públicas «de reconstrucción social y económica».

Apenas el martes pasado, después de otra reunión en la que el Ejecutivo aprobó una primera batería de iniciativas para dar respuesta a los estragos que está causando la pandemia en la economía, Sánchez reiteró que la situación hacía más «urgente» que nunca el respaldo de todas las fuerzas políticas al proyecto presupuestario que desde hace meses viene preparando el Ministerio de Hacienda. Hoy ha vuelto a apelar a la colaboración de todos los grupos con representación en la Cámara baja sin excepción, pero con la mirada puesta más en el medio que en el corto plazo.

La tramitación de unos Presupuestos conlleva unos trámites que harían imposible actuar con agilidad frente a los desafíos que aún puedan plantearse como consecuencia de la enorme crisis sanitaria que golpea a toda Europa y a buena parte del mundo. Si en un escenario de normalidad, los cálculos del propio Ejecutivo pasaban por tener aprobados los de 2020, como pronto, antes de que acabara el verano, ahora que, entre otras cosas, el Parlamento está funcionando a medio gas habría que irse aún más atrás. Sánchez está obligado, pues, a tirar de reales decretos ley como el de hoy y, para los que el líder de la oposición, Pablo Casado, ya le ha tendido la mano.

El jefe del Ejecutivo no negó que en las últimas semanas haya podido incurrir en errores de cálculo, en este y otros aspectos. Formaciones como el PP y Vox le han echado en cara en las últimas semanas que haya llegado tarde en las medidas de contención frente a la enfermedad y muy específicamente, que no se prohibieran actos multitudinarios y se alentaran las marchas del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, cuando solo 24 horas después hubo ya que activar las primeras medidas restrictivas – se anunció el cierre de los colegios – ante el drástico aumento de los contagios. Una semana más tarde se supo además que la agencia de salud pública europea había recomendado varios días antes que no se celebraran ese tipo de actos.

Sánchez no se refirió ni a este asunto ni a ningún otro concreto. Pero sí remarcó que todos los países están «dando pasos en un camino de sombras y contando con muy pocas certezas» y que por eso mismo ha habido y seguramente aún habrá algunos fallos. Con este mensaje, en todo caso, pidió la comprensión tanto de la ciudadanía como del resto de fuerzas políticas. «Como no hay un manual infalible – insistió-, caben errores. Todos los hemos cometido y al final de esta batalla los examinaremos». «Debemos actuar, y así lo estamos haciendo todas las administraciones en base al criterio de los científicos y a la buena fe -se excusó -. Tiempo habrá para examinar esta emergencia y sacar lecciones para que no vuelva a ocurrir».

También aprovechó para tratar de suavizar la imagen de división en el seno de Gobierno. Una división que trascendió el pasado sábado, cuando un Consejo de Ministros aprobó la declaración el estado de alarma, y que impidió, según algunas fuentes, que ya entonces se aprobaran las medidas económicas anunciadas hoy como reclamaba Podemos. Sánchez alegó que la cuestión que se debatía era suficientemente trascendente como para justificar un debate de siete horas como el que se produjo, entre otras cosas, porque la que se adoptó es una medida excepcional que afecta a libertades básicas y que tiene un impacto claro sobre el tejido productivo, distributivo, social y laboral del país. Paradójicamente, al tiempo que él hablaba, desde la vicepresidenta segunda de Asuntos Sociales, que dirige Pablo Iglesias, se remitía un comunicado con todas las medidas acordadas hoy y que dependen de los ministerios que dirige Unidas Podemos (Asuntos Sociales, Trabajo, Igualdad y Consumo), sin esperar a que la Secretaría de Estado de Comunicación enviara un documento representativo de todo el Ejecutivo.