Transparencia reprendió 101 veces al sector público asturiano por ocultar información

Cuando una administración rechaza la solicitud de información que le hace un ciudadano o la deja sin contestar, al afectado le queda asumirlo o pedir al consejo que intervenga. En el periodo mencionado son 186 las veces que han dado ese paso y de ellas 101 las que el consejo, tras estudiar el caso, les ha dado la razón.

Cada resolución favorable al ciudadano termina instando a la administración a que entregue la información pedida, y pase copia de la misma, para verificar el cumplimiento del dictamen. Las resoluciones «son de obligado cumplimiento», insiste el organismo estatal que preside José Luis Rodríguez Álvarez.

En total el consejo ha reprendido en 33 ocasiones al Principado y sus organismos por ocultar informaciones que, según la Ley de Transparencia, debía haber facilitado ya. De los 78 ayuntamientos asturianos, hay 23 a los que el departamento ha recriminado por lo mismo y lo ha hecho en 53 ocasiones distintas.

Destacan Gozón y Somiedo, consistorios que acumulan siete resoluciones cada uno aclarándoles que la normativa les obliga a entregar los datos, informes y documentos que le hurtaban a los ciudadanos. Hasta el 31 de diciembre pasado el Ayuntamiento de Oviedo había recibido cinco resoluciones en contra, Sobrescobio y Siero cuatro, mientras Avilés y Gijón llevaban tres.

«Suele ser muy habitual que la reclamación se presente por silencio administrativo, es decir, que la administración no ha respondido sobre el acceso a la información en el plazo del que legalmente responde», indican desde el consejo. Ese es uno de los problemas de la Ley de Transparencia estatal. Es obligatorio cumplirla, pero no hay multas para quien la burla.

El 78% de las veces que un asturiano pidió al consejo su ayuda fue porque la administración ni siquiera le había respondido. Una vez recibida la orden del consejo, los hay que siguen haciendo caso omiso. Como desveló ayer EL COMERCIO, hay dos consejerías, cinco consistorios y seis entes públicos que o no han probado al consejo que cumplieran su dictamen, o directamente lo han recurrido a los tribunales.

El asturiano Javier Junceda es doctor en Derecho Administrativo y asesor en la materia: «Lo que vemos es que se está usando un poco de arma arrojadiza, cuando estás en la oposición pides mucha transparencia y al llegar al gobierno te olvidas». Indica que la Transparencia «no es un derecho fundamental», se debe modular y delimitar. También ha detectado que se usa «por quien quiere ir a lo contencioso o penal contra una administración; por esta vía accede al expediente y logra elementos de prueba», algo para lo que antes debía poner la denuncia judicial y esperar.