Coronavirus | Galicia abre la puerta a multar a quienes se nieguen a recibir la vacuna

Galicia reformará su ley de salud, de 2008, para dotar de seguridad jurídica las decisiones de las autoridades autonómicas en la lucha contra las pandemias. Para ello, el Partido Popular de Galicia (PPdeG) del presidente Alberto Núñez Feijóo ha registrado una proposición de ley texto que contempla endurecer los castigos a quienes se salten las medidas preventivas contra el coronavirus. El mecanismo elegido para realizar esta reforma permitirá que el texto esté aprobado definitivamente en febrero del próximo año. Entre las medidas propuestas en este nuevo texto legal se encuentran multas de hasta 60.000 euros por saltarse el confinamiento de forma repetida y de 1.000 a 3.000 euros por negarse a vacunarse e, incluso, a realizarse pruebas de detección del coronavirus. Además, los populares gallegos han pedido que las leyes estatales también contemplen la negativa a recibir la vacuna, con el objetivo de blindarse de cara a futuras sentencias judiciales en contra de esta reforma.

Esta modificación contempla también multas leves por hacer botellón, saltarse el toque de queda, realizar reuniones o fiestas con más personas de las permitidas o a los hosteleros que no respeten la distancia de seguridad en las terrazas. Además, la norma cataloga como multas graves cuando se produzcan daños importantes para la salud pública y puede acarrear el cierre de locales durante cinco años.

La reforma propuesta por el PPdeG, que saldrá adelante dada su mayoría absoluta en la Cámara autonómica, establece y delimita las actuaciones que puede tomar la administración contra una pandemia en función de la situación epidemiológica de cada momento, regula los requisitos para poder hacerlo y establece las sanciones cuando se incumplan estas medidas.

El texto también clarifica el concepto de autoridad sanitaria, establece las prohibiciones que puedan generar efectos nocivos contra la salud pública, como el consumo de alcohol en espacios públicos abiertos (botellones), limita la capacidad de locales y espacios públicos, posibilita la limitación horarios y establece mecanismos para controlar a las personas enfermas en caso de que fuera necesario para preservar la salud pública.

Además, facilita una actuación que se está poniendo en marcha, que es necesaria pero que no tenía cobertura en una ley hasta ahora, «la intervención de centros de servicios sociales», ha dicho el portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy.

El texto registrado por el PPdeG también apela a la dignidad de las personas enfermas en sus domicilios, a quienes de deberá garantizar atención alimentaria y sanitaria en caso de estar confinadas y no pudieran hacerlo por sí mismas.

Las medidas propuestas por la administración deberán estar motivadas, deben ser de aplicación limitada en el tiempo y serán publicadas tanto en boletines oficiales como en cualquier otro canal.

Otra de las novedades introducidas es el uso de las nuevas tecnologías, algo no previsto en 2008, para facultar a la administración a usar estos mecanismos para controlar las pandemias, como la herramienta Passcovid puesta en marcha por la Xunta.

Además, la ley regula los grupos de expertos, como el que asesora al Gobierno gallego en la actualidad.

Las sanciones van de leves a muy graves, desde el incumplimiento de algún horario o la ausencia de mascarilla a actitudes que provoquen contagios masivos.

Respecto a la obligatoriedad de vacunarse, Puy ha destacado que la ley introduce la posibilidad de adoptar esta medida ante supuestos extraordinarios.

Como reflexión, ha asegurado que de esta pandemia la sociedad podría aprender que «las ilusiones de los antivacunas, medio libertarios y medio conspiranoicos, que niegan las evidencias científicas, cuestan vidas», por lo que se ha mostrado totalmente favorable a las vacunas y ha asegurado que la «inmensa mayoría» de ciudadanos accederá a vacunarse de modo voluntario.

Durante la presentación de esta propuesta, el portavoz del PP, Pedro Puy, mostró su «decepción» por el hecho de que el reforma no se haya aprobado para toda España, una vez que el Congreso rechazó la propuesta del PP hecha esta misma semana y el Gobierno ha ignorado el texto remitido por la Xunta para modificar la Ley orgánica de Salud.

«Prefirieron seguir por la vía del estado alarma, que es poco práctica, ya que al poco de renovar por seis meses este mecanismo varios presidentes autonómicos ya pidieron modificarlo para tomar medidas que no estaban contempladas», como los confinamientos, ha destacado el portavoz del PPdeG.