Sánchez anuncia ayudas a las autonomías y el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este sábado desde Moncloa tras la reunión con el Comité Técnico de Desescalada para pedir la prórroga del estado de alarma que se tendrá que votar este miércoles en el Congreso. «Los indicadores demuestran que la enfermedad está siendo controlada y el estado de alarma funciona», ha afirmado.

Sánchez también ha avanzado de que, a partir del próximo 4 de mayo, será obligatorio llevar mascarilla en el transporte públlico y ha prometido repartir siete millones de estos equipos de protección a aprtir del lunes. Tras apelar a la «responsabilidad individual» esta fase de preparación a la desescalada ha recordado que algunos comercios, como las librerías, podrán atender al público pero siempre con cita previa y solo un trabajador por cliente.

También ha anunciado un fondo de reconstruccion social de 16.000 euros para las autonomías, que será no reembolsable. «Nunca en la historia de la democracia se habían celebrado tantas reuniones con presidentes autonómicos como ahora», ha explicado Sánchez.

«Comenzamos la desescalada con muchas incertidumbres, quien presuma de saberlo todo miente. Pero sabemos que el confinamiento era la forma de parar en seco la transmisión del virus, con las medidas más restrictivas de todo occidente. Estamos atajando los contagios y hemos seguido avanzando frente al virus, pero hemos de seguir tomando decisiones y nunca podremos estar totalmente seguro», ha afirmado el presidente.

Según Sánchez, «el estado de alarma ha funcionado y seguirá funcionando. El virus no se ha marchado y necesitamos reaccionar y seguir manejando la crisis» y ha asegurado que «no hay plan B».

La gestión de la emergencia sanitaria ha ido provocando una desconfianza creciente en algunos grupos clave dentro de la mayoría que respalda al Gobierno. Es el caso de Esquerra Republicana de Catalunya y el PNV. La formación republicana, el principal puntal para una eventual aprobación de Presupuestos para el 2021, amenaza con transformar su abstención en un rotundo rechazo. Su portavoz Marta Vilalta exigió a principios de semana al Gobierno la «descentralización» de competencias para tomar decisiones más territorializadas en la gestión del desconfinamiento. La misma exigencia que reclama el PNV para no tumbar el plan del Ejecutivo. Los nacionalistas echan en falta «un diálogo leal y colaboración» con las instituciones vascas para abordar la desescalada.

El Partido Popular tampoco tiene decidido su voto y crítica al Gobierno por su «falta de diálogo». Ciudadanos, por su parte, se encuentra en una situación similar. Si el estado de alarma no se prorroga o decaerían las medidas adoptadas y la desescalada quedaría en manos de las comunidades autonómas.

«El estado de alarma no solo está demostrando ser un instrumento eficaz en la lucha contra el coronavirus. Hace seis semanas se transmitía al 35%, ahora al 0,5. Es una necesidad, no un capricho del Gobierno de España, como no es un capricho del Gobierno francés, ni del portugés o del italiano», ha insistido Sánchez.

El presidente se ha defendido que la decisión de pedir prórrogas del estado de alarma se produzcan cada quince días responde a una «decisión discreccional» del Ejecutivo. «Podrían ser cada mes o cada dos meses. Pero queríamos rendir cuentas cada 15 días, pedir el apoyo parlamentario en una situación de gravedad. En consecuencia necesitamos diálogo con todas las fuerzas políticas», ha añadido.

Uno de los escollos para dicha prórroga se encuentra en la oposición de algunas comunidades a usar la provincia como medida territorial para iniciar la desescalada y prefieren optar por las áreas sanitarias. Sánchez asegura que está dispuesto a escuchar estas sugerencias, sin embargo considera que los ciudados «desconocen los límetes de las áreas sanitarias y no los de las provincias». «Creo que es fácil de comprender para el ciudadano, fácil de evaluar para las administraciones, y por tanto eficaz», asegura.

Otra de las quejas de la oposición es la «falta de comunicación» del Gobierno a la hora de anunciarles las nuevas medidas. Tanto Ciudadanos como Partido Popular aseguran que no tienen comunicación por parte del Ejecutivo desde el pasado 20 de abril, sin embargo Sánchez ha sostenido que mantiene el contacto «cada lunes».