Coronavirus en Asturias | Fade y sindicatos reclaman al Gobierno regional bonificaciones y ayudas fiscales

Unir fuerzas para frenar la expansión del virus y evitar el cierre de empresas y los despidos. Este es el objetivo prioritario de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), CC OO y UGT y, para lograrlo, han pactado una batería de acciones económicas y laborales que han enviado al Principado. «Son medidas de extrema urgencia para salvar a las empresas y al empleo. Las pymes, las micropymes, los autónomos y los pequeños negocios necesitan cuanto antes oxígeno para poder afrontar los pagos de final de mes», apuntó ayer el presidente de Fade.

Belarmino Feito incidió en que, en el resto de comunidades, «ya se están adoptando medidas de apoyo. El Principado tiene que actuar con la máxima rapidez». Actuaciones que, a juicio de la patronal y los sindicatos mayoritarios, deberían estar tuteladas por un comité tripartito formado por ellos mismos y el Gobierno regional para gestionar conjuntamente el estado de alarma. Tras suspender temporalmente el proceso de concertación, abogan por impulsar unas actuaciones que incluyen promover medidas financieras para evitar tensiones de liquidez.

En este sentido, «se debe activar Asturgar (la Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias), ampliando su capacidad de intervención económica», para que trabaje en red con las entidades financieras. Precisamente, Asturgar aprobó, en la última semana, la concesión de 262.000 euros en avales. Otra de las acciones propuestas es que el IDEPA incremente la dotación de los recursos existentes o habilite líneas específicas. De hecho, el IDEPA anunció ayer que ha reorganizado sus programas para facilitar liquidez a las empresas y agilizar las ayudas.

En sintonía con lo anterior, apuestan por que los centros tecnológicos vuelquen sus recursos para reforzar las áreas críticas. Fade, UGT y CC OO también proponen negociar un «protocolo industria-salud» que incorpore la garantía de equipos de protección individual a trabajadores y habilitar líneas de ayudas para su adquisición. Sobre estos EPIs, también piden establecer un gabinete para controlar su utilización. Constituir una comisión para coordinar las casuísticas y efectos relacionados con la tramitación de los ERTEs es otro de sus planteamientos.

En cuanto a fiscalidad, los agentes sociales abogan por «aplazar el pago de tributos, analizando una posible bonificación de estos a empresas y autónomos cuyas actividades han sido cerradas forzosamente». Otra de las medidas es mantener y prorrogar todos los contratos públicos cuya vigencia finalice durante el estado de alarma. En este supuesto, «estas empresas no podrán aplicar ERTEs entre el personal destinado a la realización de obras o servicios que siga desarrollando actividad».

Además, plantean que, frente a la suspensión de los contratos de las empresas que prestan servicios en centros actualmente cerrados, el Principado ofrezca la posibilidad a las compañías de trabajar en hospitales y centros de salud. Asimismo, reclaman prioridad de pago a los pymes y autónomos que sean proveedores del Principado y establecer mecanismos para garantizar el cobro rápido de las prestaciones por desempleo.

Fade ha recopilado las medidas adoptadas en otras diez comunidades para subrayar la urgencia de aplicar acciones similares en Asturias. Como el plan de choque que presentó ayer Castilla y León, que movilizará casi 220,3 millones de euros destinados a empresas, autónomos, familias y personas vulnerables. O los 586 millones que el País Vasco concederá a pymes y trabajadores por cuenta propia.

Según la patronal, las medidas más extendidas tienen que ver con el aplazamiento del pago de tributos, tanto de ámbito autonómico como local. En general, las actuaciones propuestas por estas comunidades se concentran en líneas financieras y en el apoyo a los autónomos.