El Gobierno levanta la mano con la actividad de la industria y despliega un amplio escudo social

No lo modificará, o eso aseguró la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, pero el Gobierno ofreció ayer una interpretación mucho más laxa del real decreto ley aprobado el pasado domingo auspiciada desde Asturias y con el que pretendía «dejar en hibernación» toda actividad económica considerada no esencial. La norma y el modo en el que fue aprobada habían generado un enorme malestar en las organizaciones empresariales, distintas comunidades autónomas y buena parte de la oposición, tanto que por primera vez desde el inicio de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 la unidad en torno al Ejecutivo parecía estar realmente en peligro.

El presidente del Principado, Adrián Barbón ya lo había advertido la pasada semana. Las medidas que barajaba el Gobierno para aumentar las restricciones a la movilidad y frenar así la expansión del coronavirus no podían poner en peligro a sectores económicos cruciales que, tras el parón, podrían ser muy difíciles de recuperar. Sin mencionarla, el presidente del Principado se refería a la gran industria aludiendo a la necesidad de «chequear» los sectores que se paraban. «Hay determinada actividad económica que, si se para, corremos el riesgo de que no se reanude, de que haya miles de desempleados como consecuencia de esa decisión».

El propio Barbón defendió públicamente en varias ocasiones durante la pasada semana la idoneidad de aumentar las restricciones para intentar frenar la expansión del coronavirus, pero lo que no podía permitirse era la paralización de ciertos sectores que después sería muy difícil recuperar y que tendrían un enorme impacto económico en Asturias.

La noche del domingo, cuando apareció el decreto publicado en el BOE, saltaron todas las alarmas. La mención explícita a la siderurgia y las electrointesivas que se había incluido en el borrador que se filtró a lo largo de la jornada desaparecía y con ella parecía que también la posibilidad de que la gran industria asturiana mantuviese su actividad. Pero el texto dejaba resquicios. En la mañana del lunes el propio Barbón hacía alusión a las posibilidades de interpretación que cabían en el decreto y que se concretaron en la decisión que adoptó la Delegación del Gobierno, auspiciada por el Gobierno regional, esa misma noche.

Ahora, el Gobierno hace suya la argumentación asturiana dando respuesta a diferentes comunidades, como el País Vasco, y a diferentes sectores empresariales en una jornada en la que despliega además una amplia batería de medidas sociales que se adoptaron en la reunión del Consejo de Ministros de ayer. La más llamativa es la protección a los pequeños arrendadores, que tendrán asegurada su renta a través de microcréditos para los arrendatarios. El planteamiento del Gobierno pasa porque arrendador e inquilino negocien una rebaja del alquiler en caso de dificultades para hacer frente al recibo. Si no se logra, la intención es que los caseros se acojan al decreto para cobrar el recibo con una quita del 50% o dar una moratoria a su deudor de cuatro meses.

Entre las medidas aprobadas ayer se encuentra también la prohibición de las eléctricas de cortar la luz a cualquier hogar durante el confinamiento, la posibilidad de que los autónomos aplacen hasta seis meses el pago de cotizaciones y una ayuda de 430 euros a los parados sin prestación, así como un subsidio para las empleadas del hogar y los trabajadores temporales despedidos o cuyos contratos hayan expirado durante el decreto de alarma sin que esas personas tengan derecho a paro.

Además del cambio de postura sobre la industria y las medidas sociales aprobadas el Gobierno trató de mostrar cierta empatía con las autonomías a través de su portavoz, María Jesús Montero. La también ministra de Hacienda respondió a las críticas recibidas en los últimos días por la unilateralidad con la que actúa el Gobierno amparándose en lo complejo de la situación y en la necesidad de tomar decisiones al «ritmo vertiginoso» que demanda la emergencia sanitaria . Y adujo que ella misma llamó personalmente a todos los presidentes autonómicos el sábado por la tarde, el día en el que se tomó la decisión de endurecer las medidas de confinamiento. Pero se comprometió a seguir «estrechando la coordinación», algo que CC OO reclamó ayer desde Asturias para evitar situaciones caóticas como la que vive la industria de la región desde que se publicó el decreto del pasado domingo.

En el seno del Gobierno se intentó además transmitir ayer una imagen de unidad, con la comparecencia conjunta de los vicepresidentes Nadia Calviño y Pablo Iglesias, después de las acusaciones de división de las últimas semanas.