La trágica muerte de la niña Lucía Vivar y el porqué de la reciente y cuantiosa condena a Adif

La trágica muerte de Lucía Vivar conmocionó en 2017 al país. La pequeña, de tres años, desapareció la noche del 26 de julio. Estaba jugando con sus primos en la terraza del bar La Estación, en Pizarra (Málaga) mientras los mayores cenaban en el interior del local. Cuando sus padres salieron para buscarla, en torno a las 23.30 horas, no la encontraron.

Desorientada y perdida, vagó durante varias horas y recorrió cuatro kilómetros hasta que se acurrucó para dormir sobre las vías del tren. Un convoy la golpéo y acabó con su vida. El cuerpo fue hallado a las 6.43 horas por un maquinista de Cercanías, que avisó al percatarse de que yacía a lado del trazado ferroviario.

«Voy a mirar, que he visto algo raro en las vías y están buscando a una niña», indicó a algunos de los pasajeros antes de cerrar las puertas y bajar. Ya en el viaje de ida había notado un bulto extraño pero la falta de luz le impidió percatarse de que lo que apenas vislumbraban sus ojos era una persona.

La Audiencia Nacional ha condenado ahora al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) a pagar 176.000 euros a los padres de la pequeña por su «falta de colaboración» durante las labores de búsqueda. De haber actuado de otras forma quizás podría haberse evitado el fatal desenlace.

El Centro de Protección y Seguridad de Sevilla, según recoge la sentencia, «no procedió al correcto visionado» de la grabación de las cámaras de seguridad instaladas en la estación ferroviaria, «lo que hubiera facilitado» la localización de Lucía Vivar.

De hecho, los operarios aseguraron inicialmente que no se veía nada en la grabación, versión que cambiaría «cuando ya era demasiado tarde». La niña sí aparecía caminando hacia las vías del tren.

«Bastaba con el visionado de las imágenes grabadas durante diez minutos, concretamente desde las 23.30 horas a las 23.40 horas, pues ese fue el lapso temporal en el que la menor desapareció de la presencia de sus familiares», recoge el fallo judicial.

La Guardia Civil organizó un dispositivo para localizar a la pequeña en el que intervinieron 600 personas. Al ser noche cerrada, el no poder acotar un lugar de búsqueda «dificultó las actuaciones para localizar a la menor». El tráfico ferroviario tampoco fue suspendido.

El juez reconoce en su escrito que esta sería una «drástica» medida, especialmente cuando no se sabía a ciencia cierta hacia donde había se había dirigido la menor. Sin embargo, existía una «posibilidad» de que hubiera ido hacia las vías del tren y, ante tal situación, la medida «estaba justificada», especialmente dada la edad y «vulnerabilidad» de la víctima. Adif tampoco adoptó «correctamente» la medida de seguridad de marcha a la vista en la circulación de los trenes.

Por todo ello, la Audiencia Nacional ha estimado parcialmente la denuncia de los padres al apreciar «la existencia de relación de causalidad» entre la actuación del organismo público y los daños reclamados y condena al organismo público a pagar 176.239 euros de indemnización. Sin embargo el magistrado rechaza el pago de los 50.000 euros reclamados por la familia por daños morales.

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