Reforma integral de la Ley de la Dependencia, que obligará a los menores de edad a pagar

No habrá pacto de Estado para salvar la Ley de la Dependencia. El acuerdo sellado en abril pasado entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas para reformar esta norma, que convierte en derecho la atención a las personas sin autonomía personal, saltó ayer por los aires, al anunciar la ministra, Ana Mato, que llevará al Consejo de Ministros del día 13 una reforma que rechazan tanto el PSOE como los colectivos de afectados. El grupo socialista anuncia que llevará los cambios a los tribunales. Los colectivos de afectados dicen, directamente, que la reforma supone «un recorte sin precedentes». En definitiva, «liquidar la ley».

Porque los cambios que plantea el gobierno central implican que, por primera vez, los menores de 18 años beneficiarios de esta norma también copaguen los servicios a los que tienen derecho. Un copago del que, realmente, ya no estará nadie exento, porque el nivel mínimo de ingresos para tener que aportar baja a los 399 euros. Todo lo contrario de lo que pedían los colectivos de afectados, que era subir el nivel mínimo a los 1.200 euros mensuales.

Además, el Gobierno central propone que en el cómputo de bienes se incluya la vivienda familiar, en porcentajes que oscilan entre el 5%, para los mayores de 65 años; el 3%, para las personas de entre 65 y 35 años, e incluye un 1% para los menores de 35. Es decir que, por ejemplo, a un bebé que sea beneficiario de la Ley de la Dependencia se le computará como patrimonio el 1% del valor del piso de sus padres.

El suma y sigue de cambios incluye la desaparición de los niveles de dependencia. A partir del 14 de julio, habrá sólo grado III, II y I, pero sin diferencia de nivel entre ellos, como ocurre hasta ahora. Se retrasa la entrada de la dependencia moderada hasta el año 2015.

Finalmente, la relación de modificaciones llega, directamente, a los servicios. Por un lado, será incompatible disfrutar de dos prestaciones diferentes -hasta ahora se promocionaba, por ejemplo, contar con ayuda a domicilio y centro de día- y se suprimirá la cotización a la Seguridad Social que el Estado hacía para las personas que ejercen como cuidador profesional.

«Marea naranja»

Los cambios son tan sustanciales que, para el Observatorio de la Dependencia, supone «liquidar, de hecho, la ley, ya que son modificaciones que la hacen insostenible. Es dejarla morir por inanición», asegura el presidente del ente, José Manuel Ramírez.

En su opinión, «tanto el copago como, sobre todo, la incompatibilidad de las prestaciones, son un recorte de los derechos de estas personas, por no hablar de una ilegalidad manifiesta, porque el copago está declarado ilegal por el Tribunal Supremo desde hace un año».

Como él opina José Luis Crespo, vicepresidente del Comité de Personas con Discapacidad de Asturias (Cermi) y presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad (Feaps). Para él la propuesta es «un recorte sin precedentes», que va en contra «de todo lo que nosotros hemos defendido». Se refiere, sobre todo, «al copago, ya que siempre hemos luchado para que queden exentas las personas que cobran menos de 1.200 euros al mes y, ahora, vemos que se baja el mínimo más de lo que ya estaba».

Mientras desde el Consejo General del Trabajo Social se anuncia una «marea naranja» contra «unos cambios injustos», la secretaria de Política Social del PSOE, la exministra Trinidad Jiménez, anunció que su grupo acudirá «a los tribunales» contra el real decreto.

En la misma línea se manifestó la consejera de Bienestar Social y Vivienda asturiana, Esther Díaz, quien confirmó el «rechazo» del Principado ante la medida, a la vez que anunciaba que «en caso de aprobarse habría que revisar de oficio, en un año, todas las prestaciones, lo que impediría seguir valorando nuevas solicitudes».