El Principado defiende su plan de ajuste y rechaza cerrar más empresas públicas

El Gobierno asturiano considera que las medidas recogidas en su plan de ajuste, que incluye cambios en el sector público regional, son suficientes para cumplir con el objetivo de déficit del 1,5% del PIB previsto para 2012, por lo que descarta ir más allá, al menos de momento. Es la respuesta del gabinete que lidera Javier Fernández al Ejecutivo central, que el jueves, por boca de su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, apremió a las comunidades autónomas a cerrar de inmediato empresas públicas para poner bajo control sus números rojos.

Es evidente que el Gobierno de Mariano Rajoy intenta presionar a las autonomías para que metan en cintura sus cuentas, acuciado como está por la UE para que España cumpla con los topes de déficit y agobiado por un continuado descenso de los ingresos que deja prácticamente en papel mojado las políticas que se aplican por la vía del gasto. Las palabras de Santamaría urgiendo una reducción drástica del sector público autonómico, integrado por más de 2.300 empresas, entes y fundaciones, se enmarcan en ese contexto. Igual que su aviso de ayer, al término del Consejo de Ministros, de que en el Consejo de Política Fiscal del próximo día 12, en el que se someterá a debate el plan de ajuste de Asturias, se pondrán nuevos deberes a las regiones -léase nuevos ajustes- para intentar cerrar el ejercicio sin desviaciones.

El Principado no quiso entrar en una confrontación abierta con Santamaría pero sí intentó dejar claras algunas cuestiones. La primera, que el plan de ajuste que será evaluado el jueves ya detalla medidas de reordenación del sector público, entre ellas la venta de Sedes, la supresión del Instituto de Estadística, la enajenación de las participaciones en distintas sociedades, la reordenación de los instrumentos de promoción y la reducción de la aportación a la RTPA.

El Ejecutivo recuerda el compromiso de investidura de Fernández de actuar sobre el sector público y pone estas medidas como ejemplo. Estas iniciativas, sumadas al resto de actuaciones que dan forma al plan de ajuste, «garantizan el cumplimiento del objetivo de déficit previsto legalmente». Esto es, que no harían falta decisiones adicionales, al menos de momento. «Se trabaja con el único escenario de reducir el déficit al 1,5% del PIB este año», se remarca desde el gabinete asturiano.

La política del Ejecutivo en materia de sector público no convence a la oposición. Tanto Foro como PP consideran que los socialistas se han quedado cortos en sus propuestas y piden una reforma más ambiciosa y profunda. Aunque con matices.

Foro tiene ya claro dónde actuar. El partido de Francisco Álvarez-Cascos se remite a las propuestas detalladas en su programa electoral, entre las que destaca, por ejemplo, la privatización de la ITV, la supresión de la Sociedad de Recaudación, la fusión de la SRT y Recrea o la integración de Valnalón en el Idepa.

El PP no quiere ir tan lejos de momento y vincula las decisiones a adoptar a un estudio detallado de la situación actual. Pero sí parte de la idea de que el sector público está «sobredimensionado» como consecuencia de los tiempos de 'vacas gordas', que hay que reducirlo notablemente y que la propuesta del Principado «se queda corta» y es «difusa e inconcreta». Creen los populares que «hay que ir más allá».

La salida a escena de Sáenz de Santamaría no ha gustado a IU. Su coordinador, Manuel González Orviz, ataca el «fundamentalismo neoliberal» del Gobierno central y alerta de que una política de cierre masivo de empresas públicas tendría como consecuencia «más paro y una pérdida de calidad de los servicios».

Orviz destaca además el carácter esencial de entidades públicas como el 112, el ERA, Vipasa o el Idepa y rechaza que se hable de su venta o privatización. «Aquí no tenemos grandes parques de ocio ni cuestiones relativas a negocios prácticamente fracasados», señala el líder de IU abriendo una comparación con otras comunidades autónomas.