Sanidad recorta ayudas a la dependencia severa y baja un 15% la paga al cuidador familiar

La Ley de la Dependencia es, desde ayer, una norma «liquidada» que será «descuartizada por fases» en lo que supone «el mayor retroceso en derechos de los últimos años». Sin embargo, las versiones ofrecidas por la consejera asturiana de Bienestar Social y Vivienda, el presidente del Observatorio de la Dependencia y el vicepresidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) asturiano -Esther Díaz, José Manuel Ramírez y José Luis Crespo, respectivamente- contrastan frontalmente con los posicionamientos de los políticos afines al Gobierno central que respaldan la tesis defendida ayer por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, tras lograr el visto bueno del Consejo Territorial de la Dependencia para la gran reforma de la ley «se elimina un sistema desfasado que será más transparente y ágil».

Para la diputada del PP por Asturias Carmen Maniega la norma que nació en 2007 para convertir en obligatoria la atención a las personas con escasa o nula autonomía, pero que se ha visto afectada de grandes retrasos en la aplicación debido a los problemas de financiación, sale «reforzada». Lo mismo dice su compañero de filas, el consejero de Castilla-La Mancha José Ignacio Echániz, quien explica que «ha dejado de ser una fantasía insostenible para convertirse en una prestación adecuada y con fondos».

La letra de la controvertida música que entonan unos y otros es la que figura en la propuesta de real decreto que llegará el viernes al Consejo de Ministros, en contra de las posiciones de los consejeros de Asturias, Andalucía y País Vasco. En síntesis, se trata del documento ya adelantado por EL COMERCIO: la ley se endurece para las dependencias severas -que perderán la diferenciación de niveles y no podrán compatibilizar servicios-, recorta al máximo la cobertura del cuidador familiar -perderá un 15% de su salario actual, fijado como media en los 400 euros al mes y el Estado no pagará su cotización en la Seguridad Social- y universaliza el pago -deberán copagar los menores de edad y quienes ingresen más de 530 euros mensuales-, sin olvidar que aplaza hasta el 2015 el derecho a las ayudas que ahora tienen los dependientes leves.

Asistente personal para todos

Las únicas novedades del texto que, finalmente, llegarán al Consejo de Ministros es la precisión del porcentaje de recorte a la paga al cuidador familiar, que recibirá el ya citado 15% menos, además de consolidar para quienes ya lo perciben la cotización en la Seguridad Social, que se elimina para los nuevos expedientes. Además de la ligera subida del mínimo de ingresos mensuales desde el que será obligatorio el copago, que pasa de los previstos 400 euros a 530.

A ella se suma la universalización de un servicio que parecía en 2007 que sería la estrella de la Ley de la Dependencia, pero que apenas ha tenido eco en las peticiones de los beneficiarios. Se trata del asistente personal, un servicio cuya compleja forma legal hizo que, en Asturias, sólo haya uno contratado.

De acuerdo a lo anunciado ayer por Ana Mato, el asistente personal llegará «a todos los grados, algo que no ocurría hasta la fecha, limitado al grado III».

7.809 sueldos recortados

Sin embargo, desde el Principado lo dicho ayer por la ministra sólo tiene una traducción «doy por liquidada la Ley de la Dependencia. Lo harán por fases, porque el PP no se ha atrevido a hacerlo ahora, tal y como tenía previsto».

En opinión de la consejera de Bienestar Social, Esther Díaz, «lo que han hecho es una chapuza, fruto de la improvisación, ya que querían cargarse la ley y, después del lío que se ha organizado al conocer el borrador, no se han atrevido. Pero acabarán haciéndolo, porque la han dejado difícil de cumplir».

Coincide con ello el presidente del Observatorio de la Dependencia, José Manuel Ramírez, quien sólo precisó a sus palabras que «no es algo improvisado. Lo tenían previsto desde hace tiempo y, únicamente, han decidido recortar por fases». Asegura él que el recorte al salario «ruinoso» de los cuidadores familiares supone «que ellos paguen lo que el ministerio ha recortado en ayudas, ya que de los 1.900 millones que le cuesta ahora esa figura, ahorrar 283. Los mismos que eliminó de la ley».

En Asturias son 7.809 las personas que se verán afectadas por ese recorte, ya que cobran como cuidador familiar, mientras que más de la mitad se quedarán sin cotización en la Seguridad Social, puesto que ahora mismo sólo están dadas de alta 3.013 expedientes.

Para el vicepresidente del Cermi, José Luis Crespo, lo ocurrido ayer es «la desaparición de la Ley de la Dependencia, puesto que volvemos atrás. Estaremos como antes de que la aprobaran. Mal».