El Principado acumula dos años de retraso en ayudas a la dependencia y salario social

Recibir una ayuda o utilizar uno de los servicios destinados a las personas con dependencia supone en Asturias esperar hasta 24 meses. Pese a que la ley marca como máximo seis. Percibir el salario social, la paga que pueden solicitar todas las personas que ingresen menos de 530 euros al mes, no es posible con posterioridad a febrero de 2011, fecha en la que se ha quedado atascada la gestión de la misma. Pese a que la ley marca dos meses. Ese retraso de hasta dos años en la ejecución de las principales leyes sociales, la de la Dependencia y la de la Renta Mínima, es la fotofija con la que la socialista Esther Díaz se encontró hace 51 días, cuando se convirtió en consejera de Bienestar Social y Vivienda.

Ayer, durante su primera comparecencia ante la Junta General del Principado, y tras tener completo todo su equipo, se comprometió a agilizar la tramitación de ambas leyes, ahora en estado de práctica parálisis. Según sus datos, Oviedo acumula los mayores retrasos en la tramitación de la Ley de la Dependencia, con 24 meses de espera, mientras que las áreas de Navia, Parres y Narcea cumplen la ley: 6 meses de espera. En cuanto al salario social, «la última petición tramitada fue de febrero de 2011», con 3.628 expedientes paralizados».

No obstante, en todo su discurso dejó la consejera claras las dificultades que atraviesa el Principado, debido «a los recortes aplicados por el Gobierno central». El mismo que adeuda a la región 244 millones de euros en ayudas a las personas con dependencia.

Ésas son las claves de una larga cita parlamentaria que se prolongó durante más de cinco horas. En las que Esther Díaz -que compareció acompañada de todo su equipo: los directores de Dependencia, Política Social y Vivienda, Clara Costales, Jacinto Braña y Ana Rivas, respectivamente- y fue interpelada por Ignacio Prendes, Ángel González, Victoria Delgado y Esther Landa, portavoces de UPyD, IU, PP y Foro, respectivamente. A ellos hay que sumar las preguntas de Marta Pulgar y José Agustín Cuervas Mons, que desde IU y PP cuestionaron de forma específica sobre la política de vivienda del nuevo equipo de Bienestar Social.

«Sólo pagó 31 millones»

Un equipo que viene con el lema para los próximos tres años de «es tiempo de eficiencia, resolución y trabajo», según destacó Esther Díaz en respuesta a la portavoz del PP, que ponía en duda de que el Principado pueda solventar los atascos de la Ley de la Dependencia. Precisamente con Victoria Delgado protagonizó uno de los momentos más intensos del debate, ya que no entendía la consejera cómo la representante del Partido Popular cuestionaba la capacidad del Gobierno regional para desarrollar la Ley de la Dependencia «cuando ha sido el Gobierno central, su grupo, el que ha iniciado el desguace la misma. Por fases, pero lo ha iniciado».

Lo dice la consejera porque, como ya es sabido, el último Consejo de Ministros aprobó la reforma de la Ley de la Dependencia, que supone un recorte del 13% en los fondos destinados por el Gobierno central a las ayudas y servicios que necesitan las personas con dependencia, así como de un 15% en el salario que cobran los cuidadores familiares.

Además, la reforma también supone la universalización del pago -incluyendo a menores de edad y a personas con bajos ingresos-, la desaparición de los niveles y retrasar la ayuda a los dependientes leves hasta 2015.

En esa línea, la consejera explicó que, en 2011, «la Ley de la Dependencia costó 128 millones en Asturias, de los que 74 los aportó el Principado y 22 los usuarios, mediante el copago. El Gobierno central sólo pagó 31 millones», una cantidad con la que incumple la ley, que reparte el coste a partes iguales entre las administraciones central, regional y los beneficiarios.

A esa cifra apuntó otra la diputada de Foro, Esther Landa, quien aseguró que «el Gobierno central adeuda al Principado 244 millones en materia de dependencia», una cuantía resultante de sumar todos los impagos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde el inicio de la aplicación de la ley, en 2007.

La aseveración de Landa propició un intenso debate con la consejera, ya que la diputada de Foro dejó entrever que el Ejecutivo presidido por su partido durante el último año había iniciado una demanda contra el ministerio, «algo que a mi no me consta. No me dijeron nada en el traspaso», le espetó Díaz.

El rifirrafe entre ambas fue a más a renglón seguido, cuando al hablar de la inspección de los centros acreditados de nuevo la diputada apuntó a que «todos sabemos que los inspectores miran diferente según sea una centro público o privado». No la dejó terminar la consejera, quien solicitó la declaración del secretario de su departamento, sobre si había «algún expediente abierto a un inspector, porque con una declaración así debe estar abierto ya».

1.224 a la espera de plaza

No obstante, respecto a la demanda contra el Gobierno central para reclamar el pago de la deuda ya había contado la consejera con el apoyo del diputado de IU, Ángel González, quien insistió en que «hay que reclamar al Estado la deuda contraída», a la vez que planteó la exigencia de que, a pesar de los recortes, «se cumpla con la ley».

En esa línea, Esther Díaz aseguró que «esa es la voluntad de este Gobierno», para lo que afirmó que «ya estamos reorganizando los equipos», porque la prioridad «es la atención a los casos pendientes». como la lista de espera para acceder a una plaza geriátrica, que llega ya a 1.224 personas. Una reorganización que puede incluir personal de otras consejerías «porque la carga de trabajo está aquí».

No obstante, todos los grupos con representación parlamentaria le indicaron que estarán «vigilantes» ante posibles recortes en la cobertura de los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad. Como explicó el diputado de UPyD, Ignacio Prendes, «es preciso preservar esta área porque es la última barrera para evitar que la gente caiga en la exclusión» y calificó de «inadmisibles» los retrasos acumulados en dependencia y salario social. «Tiene toda la razón», le espetó Díaz.