El Principado deberá recortar 300 millones más los próximos dos años

El endurecimiento de los objetivos de déficit dictados por el Ejecutivo central a las comunidades obligará a los gobernantes autonómicos a hacer equilibrios en el alambre para cuadrar sus presupuestos. Los nuevos límites, del 0,7% del PIB para 2013 y del 0,1% para 2014, forzarán a las regiones a aplicar ajustes adicionales a los que ya estaban previstos para ambos ejercicios. En el caso concreto de Asturias, y según los datos avanzados ayer en la Junta General por la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, el recorte extra será de 95 millones el año que viene y de 200 millones el siguiente. Cifras que, en todo caso, podrían todavía variar en las próximas fechas en función del cambiante escenario.

La última reunión del Consejo de Política Fiscal supuso un jarro de agua fría para las autonomías, que esperaban que el Ministerio de Hacienda compartiera la flexibilización del déficit concedida por la Unión Europea a España. No fue así. Cristóbal Montoro y su equipo mantuvieron inalterable el tope establecido para este año, del 1,5% del PIB, pero rebajaron el de los dos años siguientes: del 1,1% al 0,7% en 2013 y del 1% al 0,1% en 2014. En la práctica, esto fuerza a las autonomías a introducir nuevos ajustes sobre los que ya eran de obligada aplicación en virtud de los severos controles del gasto impuestos por Bruselas y Madrid.

Así las cosas, y atendiendo a unos márgenes «cada vez más estrechos», tal y como admitió la propia Carcedo, el Principado tendrá que meter tijera en el gasto del próximo año por un importe 95 millones superior a lo planificado. En 2014 el ajuste extra rondará los 200 millones para un total de casi 300 en ambos ejercicios.

Son, en todo caso, cifras provisionales en un contexto económico y financiero que cambia hora a hora y que convierte en papel mojado lo escrito un día antes. Los cálculos definitivos se conocerán a no mucho tardar, una vez las cuentas regionales se adapten al nuevo dibujo macroeconómico del Ministerio de Hacienda. Dibujo que, entre otras cosas, plantea un PIB asturiano -sobre el que se calcula el déficit- a la baja el año que viene (de 23.432 millones inicialmente previstos a 23.172) y al alza el siguiente (de 24.135 a 24.606).

En este clima de sobresalto diario en el que se está abocado a trabajar con menos recursos porque «negarlo sería suicida» presentó ayer Carcedo el programa de gobierno de la Consejería de Hacienda para la legislatura. Una etapa marcada por las restricciones presupuestarias, por la reordenación del sector público y por el trato con un colectivo de empleados públicos enormemente irritados con la situación que viven.

El primer punto, el presupuestario, se activará en breve. Hacienda, según confirmó Carcedo, publicará antes de finales de mes las normas de elaboración del proyecto, paso previo al inicio del trabajo efectivo. También la próxima semana se remitirá a Madrid el techo de gasto previsto para 2013.

En tres etapas

Será en otoño cuando el Gobierno aborde la reforma del sector público. Será en tres etapas. En la primera, a partir de septiembre, se tocarán aquellas empresas recogidas en el plan de ajuste vigente para 2012: Sedes, el Instituto de Estadística, la participación en empresas hoteleras, Gitpa, Serpa y los instrumentos de promoción económica. En la segunda, en el primer semestre de 2013, se contemplan fusiones de empresas y organismos, la reorganización de las fundaciones y el impulso de un nuevo modelo para la RTPA. Será, dijo Carcedo, una televisión «pública y austera». Tendrá menos recursos, aunque la consejera no quiso cifrar el recorte, a expensas de negociarlo con los gestores del ente. El proceso se rematará con una ley del sector público, con una reducción de cargos y retribuciones y auditorías anuales de las empresas y entidades más relevantes.

Entre las prioridades de la titular de Hacienda está también el diseño de una nueva ley de función pública. Carcedo salió en defensa de los trabajadores públicos, «chivos expiatorios de una crisis que no han creado». En el marco de una política de «defensa» de este personal, el Ejecutivo prepara un plan de movilidad que permitirá reorganizar su actividad en función de las necesidades y de la carga de trabajo de cada departamento de la administración. Habrá un análisis previo y, a partir de ahí, se desarrollará una nueva relación de puestos de trabajo. Se trata «de poner al personal donde realmente se necesita». Carcedo, por cierto, cifró en 68 millones el ahorro que supone la supresión de la paga de Navidad.