Las autonomías, en situación límite

Tres comunidades -Valencia, Murcia y Cataluña- decididas a adherirse al mecanismo de ayuda del Estado. Otro buen puñado de ellas abocadas a hacerlo en las próximas semanas pero que se resisten como gato panza arriba, temerosas de las durísimas condiciones que establecerá el Ministerio de Hacienda. Las que mejor están, como Asturias, con una carga de endeudamiento inferior a la media, pugnando por conseguir financiación en los mercados y esquivar el estigma del rescate. Y un horizonte inmediato de incertidumbre, con la mitad de los gobernantes autonómicos dudando de si podrán llegar a final de año cumpliendo con los objetivos de déficit marcados y en espera de unos próximos ejercicios, 2013 y 2014, que traerán millonarios recortes del gasto. Es el dibujo de la España de hoy en día en su vertiente regional, en un contexto de severísima crisis que ha hecho que incluso el Estado autonómico y su reforma, un tema prácticamente tabú hasta ahora, comience a dejarse ver por debajo de la mesa.

¿Es exagerado pensar que la situación es límite? En absoluto, y son muchos los dirigentes autonómicos que admiten en privado que la situación estallará antes de final de año. El debate del gasto de las regiones no es nuevo, no en vano sobre sus presupuestos recae la financiación de los servicios básicos -sanidad y educación- que año a año consumen un volumen creciente de recursos. Pero mientras la economía daba muestras de prosperidad el asunto se limitaba a los tiras y aflojas entre el Gobierno central y las autonomías con motivo de la cobertura económica de algún servicio -la ley de dependencia- o de la reforma del modelo de financiación. Controversias con más carga política que otra cosa que, con el paso del tiempo, acababan enterradas por alguna otra cuestión que absorbía el interés público.

Pero con la llegada de las vacas flacas las cosas han cambiado y todos los focos se han situado sobre las autonomías. Lastradas por un endeudamiento en muchos casos insoportable, embarcadas en una política de ajustes que en muchos casos ha tocado ya elementos medulares del Estado de Bienestar y con unos severísimos límites de déficit a cumplir en los dos próximos años -0,7% del PIB el que viene y 0,1% el próximo- que acarrearán fortísimos recortes, de al menos 300 millones en el caso de Asturias, todo parece conducir hacia un callejón sin salida.

Nadie pone en cuestión lo delicado del escenario actual. La duda está en cómo salir del embrollo. Quizá la primera frontera esté en el cierre del ejercicio en vigor. Será entonces cuando se compruebe si todos los territorios han respetado escrupulosamente el tope de déficit del 1,5% sobre el PIB al que obliga Hacienda. A la luz de la evolución de los datos del primer semestre, es dudoso que lo hagan. En el último Consejo de Política Fiscal, Cristóbal Montoro ya tiró de las orejas a ocho comunidades, aunque sin decir en público sus nombres, por desviarse de la senda marcada en sus planes de reequilibrio. En un contexto de ingresos dramáticamente a la baja, la segunda mitad del año no augura nada mejor.

Con todo, los primeros movimientos sísmicos de envergadura han comenzado a producirse. Cataluña, uno de los grandes motores económicos del país, y la Comunidad Valenciana, ahogada por un endeudamiento insoportable, han anunciado su voluntad de conectarse a la manguera de liquidez del Estado para poder hacer frente a los millonarios vencimientos de deuda que tienen por delante. También se ha sumado Murcia, con una economía que prosperó a lomos de la 'burbuja' inmobiliaria y que se ha visto muy afectada por su pinchazo. Es probable que no sean las únicas. A la cola están Castilla-La Mancha, Canarias o Extremadura, entre otros territorios que pasan por momentos complicados.

Estas regiones recibirán la ayuda del Estado pero con un precio, una condicionalidad: control de sus cuentas, más ajustes... ¿Un rescate en toda regla? Lo es para muchos expertos y economistas, no lo es para los gobernantes autonómicos, que quieren huir a cualquier precio del estigma que acarrea esa palabra maldita.

Asturias, al menos de momento, no pedirá el aval del Gobierno central. El Principado tiene luz verde de la Junta General para negociar con los bancos uno o varios créditos por importe de 423 millones con los que movilizar inversiones ahora frenadas por la prórroga presupuestaria. Tanto el presidente, Javier Fernández, como su consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, se muestran confiados en sacar adelante ese endeudamiento en el mercado. Pero ¿y si no es posible?

Aquí se abre un debate de mayor enjundia si cabe. Fernández acusó recientemente a Montoro de, con sus declaraciones, complicar el acceso de las comunidades a la financiación en los mercados, lo que las forzaría a tener que pedir la ayuda del Estado. Días después, el ministro de Industria, José Manuel Soria, animó directamente a los gobernantes regionales a sumarse a ese mecanismo extraordinario de liquidez. La pregunta que muchos se hacen es: ¿Por qué tanto interés del Gobierno central en tener bajo su órbita a las autonomías?

En privado, dirigentes políticos asturianos apuntan la posibilidad de que el Gobierno pretenda tener bajo su control económico a las comunidades para, llegado el caso, poner sobre la mesa una reforma del Estado autonómico sin que las regiones tengan margen de maniobra o capacidad efectiva para protestar. El último informe del Fondo Monetario Internacional, que pide mano dura con las comunidades, haciendo efectiva la intervención de sus cuentas llegado el caso, parece avalar esa tesis.

Lo único cierto es que la reforma del Estado de las autonomías, un asunto del que hasta ahora apenas se hablaba más allá de para proponer la supresión de las duplicidades y las ineficiencias, ha dejado de ser un tabú. De momento, el Gobierno ha comenzado por meter mano a los ayuntamientos con una reorganización local de calado. Están por ver sus próximos pasos.