Un Gobierno bajo el yugo de los ajustes

El próximo miércoles día 5, el Gobierno de Javier Fernández cumplirá cien días. Un periodo en el que no ha tenido excesivo margen para desarrollar sus políticas, al menos, como le hubiera gustado. Condicionado por los ajustes impuestos desde Madrid y por la falta de un presupuesto regional que garantice estabilidad, el Ejecutivo apenas ha podido mostrar sus cartas. Dicho en pocas palabras, los esfuerzos se han centrado en cumplir con las consignas de Hacienda y, al mismo tiempo, lidiar con los recortes e intentar minimizar el impacto de los mismos. ¿Lo ha conseguido? A juzgar por la reacción de los sindicatos en las últimas semanas parece que no. El Principado no ha logrado aliviar la situación de los empleados públicos ni desviar la tijera de la sanidad y la educación.

No se puede decir que el Gobierno asturiano lo tuviera fácil desde su particular kilómetro cero. Mientras se culminaban las negociaciones entre los grupos para definir quién iba a dirigir la región tras las autonómicas de marzo, el Ejecutivo saliente no consiguió convencer al Ministerio de Hacienda con su plan de ajuste y eso situó a Asturias en el ojo del huracán. Los primeros deberes de Fernández y su equipo, por tanto, estaban claros: elaborar un plan económico y financiero que sí pasara el corte del Consejo de Política Fiscal. En ello se pusieron a trabajar Dolores Carcedo y ex colaboradores de Jaime Rabanal (consejero de Hacienda con Areces) antes, incluso, de ser nombrados. La estimación hecha por Madrid sobre el ajuste del Principado alcanzaba los 616 millones de euros, un cálculo que no coincidió con el realizado en Asturias. El Gobierno regional limitó a 498 el recorte. La receta para llevarlo a cabo contó con varios ingredientes. Los más importantes, la subida de impuestos (subida del 'céntimo sanitario', del tramo autonómico del IRPF a las rentas más altas, del impuesto de Patrimonio o del precio de la ITV) y la reducción de más de mil interinos de la Administración pública. El grueso se obtendrá sin embargo, según desveló el Ejecutivo, de la reprogramación de inversiones y la venta de patrimonio.

Nadie se escapa de las restricciones y menos el sector público. La denominada por la oposición como la «administración paralela» verá reducido su coste con la venta de Sedes o la supresión del Instituto de Estadística, entre otras iniciativas. Propuestas que, a ojos del PP, siguen siendo pocas para los tiempos que corren. Dentro de ese sector público destaca el Centro Niemeyer. Después de que el Ejecutivo de Cascos le redujera la aportación económica, el actual Gobierno regional intenta volver a la situación con Areces. Su primera decisión fue dejar el futuro del centro en manos de la Fundación, la idea contraria a la que tenía el anterior Ejecutivo autonómico. Algo similar a lo que ocurre con la RTPA. Fernández y su Gabinete apuestan por la continuidad de la radio-televisión pública aunque con un coste inferior al actual.

Quizás por dar ejemplo ante la sociedad asturiana, en los tiempos que corren de crisis y aumento galopante del desempleo (cerca de los cien mil parados) la primera medida de austeridad adoptada por el Gobierno de Fernández fue remodelar el esqueleto de la Administración con una disminución del número de cargos institucionales, incluyendo las viceconsejerías, que pasaron de siete a dos, y el número de jefes de servicio.

Problemas añadidos

La necesidad de cumplir ante Hacienda con un plan económico fiable era lo más urgente, aunque no el único problema con que inició el trayecto el Gobierno de Fernández. Los recortes impuestos desde el Ministerio de Industria al sector del carbón eran un obstáculo en el camino. Las reuniones mantenidas por el propio Fernández y su consejero de Industria, Graciano Torre, no han surtido efecto hasta ahora como tampoco la presión de los sindicatos. Nadie vislumbra una marcha atrás en este asunto del Ejecutivo de Rajoy al que, además, se le ha pedido desde Asturias un esfuerzo para negociar rebajas en la tarifa eléctrica para las grandes industrias.

No son pocas las cosas que están en juego y que dependen de la voluntad política de Madrid. El Principado lo sabe y quizás por ese motivo, sin dejar de mantener un tono crítico con las decisiones del Ejecutivo popular, no ha mantenido la beligerancia de otras comunidades gobernadas por el PSOE, como Andalucía. Como muestra, un botón: en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la que fue aprobado el objetivo de déficit y deuda de las autonomías para este año, así como para 2013 y 2014, Asturias mostró su desacuerdo y así lo expresó en la votación, pero estuvo en la reunión hasta el final. El Gobierno andaluz, por su parte, plantó al Ministerio de Hacienda y abandonó el consejo.

Andalucía, como el País Vasco, recurrió los ajustes en sanidad y educación al considerar que invadían las competencias autonómicas. Asturias también lo hizo, aunque con mucho menos estruendo. El 20 de julio pasado registraba sendos recursos ante el Tribunal Constitucional, ante el disgusto de los populares asturianos que calificaron la iniciativa como un acto de «deslealtad» institucional.

La sanidad y la educación son, en boca del portavoz del Gobierno regional, Guillermo Martínez, «líneas rojas» para el Ejecutivo. Su propósito, al menos públicamente, es defender los principales cimientos del estado de bienestar. El tiempo dirá si lo ha conseguido o no. De momento, el Principado es una de las comunidades declaradas «insumisa» ante la orden de suprimir la ayuda sanitaria a los 'sin papeles'. Esa es la misma rebeldía que los sindicatos le reclaman a la hora de aplicar los ajustes en sanidad, educación y en la Administración general.

El Gobierno asturiano aplicará la ley después de una negociación frustrada con las centrales. Esto supondrá la eliminación de las horas extra del personal sanitario y el aumento de las horas lectivas para los docentes, además de, según los sindicatos, más de 1.600 despidos a consecuencia de los recortes.