El concurso de acreedores del Niemeyer se cierra con duda en dos de las deudas

El Juzgado de lo Mercantil Número 3 de Gijón ratificó ayer el convenio con los acreedores de la Fundación del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer que, en el plazo de cinco años, habrá resuelto una deuda de 1.632.544.14 euros con un centenar de pymes.

La única duda en el cierre de este capítulo son las reclamaciones de dos de los acreedores de la Fundación: Adriana Chiesa Enterprises, representada por el abogado Enrique Valdés Escalona, y el bufete de José Luis Rebollo. Ambos mantienen abiertas discrepancias con la Fundación sobre las cantidades que se les deben y que suman un total de 72.000 euros, en números redondos. La solución final se encuentra pendiente de los tribunales.

En el caso de Adriana Chiesa Enterprises se trata de cuatro facturas por un importe conjunto de 51.747,60 euros por una exposición anunciada por el Centro Niemeyer y que nunca llegó a celebrase en Avilés. La Fundación rechazó la inclusión de esa factura y planteó un recurso ante el Juzgado de lo Mercantil Número 3.

En su resolución, su titular, el magistrado gijonés Francisco Pañeda Usunáriz redujo la deuda de la empresa con el Centro Niemeyer a unos 30.000 euros. Esta decisión se encuentra pendiente de un recurso ante la Audiencia presentado por la Fundación del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, defendiendo que no se debe pagar.

La segunda deuda se refiere a la reclamación del bufete de José Luis Rebollo para percibir 52.816,26 euros. La propuesta se encuentra impugnada por la Fundación y aún no existe una resolución del titular del Juzgado Mercantil Número 3.

El contenido de estos recursos no alterará la aprobación del convenio con los acreedores, habida cuenta de la amplia mayoría con la que ayer se ratificó en Gijón.

En las semanas previas, la Fundación Niemeyer había asegurado que su propuesta saliese adelante, toda vez que llegó a la junta con un respaldo del 63,59% de los acreedores. En un proceso de ese tipo, el voto se realiza en función de la cantidad adeudada, que, en el citado porcentaje, representa 1.038.135,68 euros. El respaldo de las empresas a las que se debía más dinero, como el caso de El Corte Inglés facilitaba que la propuesta saliese adelante.

Además, el alto respaldo permitió lograr el quórum necesario para que se celebrase la junta de acreedores. Así, sobre una deuda (pasivo ordinario) de 1.632.544,14 euros, estaba representado en la sala, bien por su asistencia o por la adhesión previa, 1.168.767,15 euros, lo que representa un 71,59% del pasivo, superando ampliamente el mínimo legal del 50% de la deuda.

Además de las adhesiones previas, en la junta se produjo la incorporación de nuevos acreedores, adhiriéndose a las condiciones establecidas. Es el caso de Emilio Suárez Lanzas, representando a Octógono; Santiago Fernández Suárez, de Alfer Ebanistería, una empresa gijonesa a la que se adeudaban 27.000 euros por diferentes trabajos, como el mobiliario de la tienda del centro, entre otros.

La abogada Begoña Escalona Cordero representó a cinco de los antiguos trabajadores (Joan Picanyol, Marc Martí, María Fernández Martín, Daniel Agustín Arias Lobato y Laura Fernández Sánchez) que asumieron las condiciones del convenio.

Tan sólo se produjo una abstención, la de Adriana Chiesa Enterprises a través de su abogado Enrique Valdés Escalona. No se registró ningún rechazo a la adhesión. De esta manera, la propuesta se ratificó con un 68,42% de apoyo, lo que representa 1.117.045,69 euros.

Cuenta atrás para los pagos

A partir de este momento, comienza la cuenta atrás para el pago de las deudas con los proveedores, que se realizará en un periodo de cinco años. En cada ejercicio se aportará el 20% de lo adeudado. Esto representa que este ejercicio se pagará un total de 326.526,07 euros.

De esta manera, las aportaciones de los patronos fundacionales permitirán mantener la actividad del Centro Niemeyer y, al tiempo, atender a los compromisos pendientes con los proveedores.

La abogada de la Fundación del Centro Niemeyer, Pino del Río, explicó tras la vista que «no podemos dar una fecha concreta, pero intentaremos que sea lo más rápido posible». El proceso depende del tiempo en la elaboración de la resolución judicial que materialice el compromiso de ayer. Una vez que sea firme, la Fundación abonará el primer pago. Por su parte, el trabajo del administrador concursal,Pedro Martín Molina, que contó en la vista con el apoyo de Miguel Ángel Manzano, se encuentra prácticamente acabado después de la vista de ayer.